Un intenso choque político provocó la firma del protocolo de acuerdo suscrito entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los senadores Matías Walker y Sergio Gahona.
Por Joaquín López.
El documento busca asegurar el financiamiento para la reconstrucción tras el temporal en la Región de Coquimbo, pero la inclusión de mecanismos como la venta de bienes del Estado desató la inmediata y dura reacción del senador Daniel Núñez.
El pacto contempla el compromiso del Ejecutivo de incorporar fondos extraordinarios mediante una glosa en la Ley de Presupuestos 2027, sumado a la creación de un fondo alimentado por la enajenación de activos fiscales y aportes privados bajo la Ley N° 20.444 de Fondo Nacional de Reconstrucción.
Walker y Gahona
aprueban
Tras concretar la rúbrica con Hacienda, el senador Matías Walker valoró el avance alcanzado para la zona golpeada por la catástrofe: «Lo logramos, por las certezas que requiere Coquimbo. Garantizamos los recursos a través de fondos públicos frescos, pero también de un fondo que se va a formar mediante la enajenación de activos prescindibles por parte del Estado». Walker añadió que el monto final de las obras lo determinará una mesa técnica con participación social y gremial.
Por su parte, el senador Sergio Gahona enfatizó que la prioridad estuvo en exigir garantías formales al Ejecutivo para evitar dilaciones administrativas. «Nuestra prioridad siempre ha sido defender a las familias que perdieron infraestructura, conectividad y servicios. Ahora corresponde que ese compromiso se materialice en la Ley de Presupuestos con una glosa específica y mecanismos que permitan ejecutar las obras con agilidad», sostuvo, asegurando que fiscalizará que «la palabra empeñada se traduzca en obras concretas».
Núñez denuncia «privatización»
y exclusión de alcaldes
La fórmula pactada encontró la inmediata y dura respuesta del senador Daniel Núñez, quien acusó al Gobierno de utilizar la catástrofe como una excusa para desmantelar el patrimonio público.
«El acuerdo reitera puntos que el Gobierno ya había anunciado, como el financiamiento vía Ley de Presupuestos. Sin embargo, lo nuevo es un verdadero chantaje que yo calificaría de inmoral, donde nos señalan que para financiar las obras se van a vender terrenos fiscales, propiedades y participación del Estado en empresas, lo cual genera una privatización que termina perjudicando las capacidades del Estado», arremetió Núñez.
Junto con rechazar que la reconstrucción se use para una «agenda de reducción del Estado», el legislador apuntó sus críticas a la conformación de la mesa técnica convocada por Hacienda: «Tampoco aceptaré que se excluya a los parlamentarios de oposición y a los alcaldes de la mesa técnica. Los fondos públicos no son propiedad de un sector político, son de todos los chilenos, y todas las autoridades elegidas democratícamente deben participar sin exclusiones», concluyó.
