María Fernanda Rojas, trabajadora de la multinacional Kinross, Minera Mantos de Oro, Faena La Coipa, se encuentra en la lucha de demostrar el presunto nexo causal entre la intoxicación por metales pesados de su hija con su trabajo en el yacimiento. Situación que habría afectado directamente la salud de su pequeña Fernanda, de tan solo dos años y seis meses. La bebé debe tomar un tratamiento neurodegenerativo en México millonario antes de los tres años. Hoy la minera responde claro.
Por Javiera Escudero.
Caso revelado por Diario La Región y que da cuenta de una niña coquimbana que presenta altos niveles de 13 metales pesados, entre ellos uranio, mercurio, plomo y molibdeno, algunos catalogados como cancerígenos de categoría A1 y A2, según la normativa internacional y que han causado un grave daño neurodegenerativo en «Fofi» como es llamada por cariño por sus padres.
Dardos que indican que todo esto se habría producido por la presunta exposición laboral a ambientes contaminados dentro de la faena, y traspasada vía lactancia materna o intrauterina.
«Hoy mi hija tiene metales en su organismo que no se explican de otra forma. Ella solo se alimentó con leche materna y, sin embargo, tiene niveles altísimos de sustancias que jamás deberían estar en el cuerpo de un bebé. Esto es consecuencia de la exposición que yo tuve en mi trabajo, donde nunca se hicieron las mediciones ni se entregó la información que corresponde», declaró.
La batalla de la Coipita
Así lo han denominado los padres de la pequeña Fernanda Mena Rojas, que necesita con urgencia un tratamiento denominado Neurocytonix, cuyo costo asciende a 45.000 millones, que se realiza en México. Este precio no incluye pasajes, estadía ni alimentación. El procedimiento debe realizarse antes de que cumpla tres años, etapa clave para su desarrollo cognitivo.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, la familia no ha recibido apoyo económico por parte de la empresa ni del sistema de seguros. Incluso, la cobertura médica que tenían fue suspendida bajo el argumento de una «preexistencia» ya que la enfermedad de la pequeña no fue reconocida como enfermedad profesional.
Actualmente, la niña lleva un mes sin terapias, medicamentos ni atención médica debido a la falta de recursos, después de haber invertido millones en exámenes internacionales y visitas a distintos especialistas.
«Hemos perdido la continuidad de su tratamiento porque no tenemos cómo pagar sus medicamentos ni su dieta especial. Hoy estamos vendiendo nuestro último vehículo para intentar costear su atención. Mi hija no tiene tiempo para esperar», relató entre lágrimas.
Acciones legales y protesta social
El caso se encuentra actualmente en el marco de una tutela laboral, cuya audiencia preliminar fue postergada por 15 días luego de que la empresa solicitara tiempo adicional para presentar una propuesta.
Paralelamente, la familia prepara una demanda civil por el daño causado a su hija y estaría organizando una serie de manifestaciones, incluyendo una marcha hacia Copiapó y una campaña con globos rosados como símbolo de apoyo a Fernanda.
«Vamos a protestar afuera de la faena y en todas las instancias necesarias. Aunque no tengamos recursos, no vamos a quedarnos callados. Esto no es solo por mi hija, sino por todos los niños y familias que pueden estar en la misma situación».
Fiscalizaciones
Desde la Dirección del Trabajo de Atacama esbozaron que «la trabajadora ingresó dos denuncias (una el 14 de marzo de este año) donde se sancionó a la empresa por no tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de las trabajadoras y los trabajadores, al verificarse incumplimiento de las obligaciones asociadas a la gestión preventiva de riesgos laborales en el contexto de la exposición a agentes peligrosos, y al concluir que la empresa no ha dado cumplimiento al deber de informar a la trabajadora respecto de los agentes a los cuales se encontraba expuesta en el desempeño de sus labores. La otra fiscalización se encuentra en curso».
Minera responde
La compañía minera multinacional Kinross se refirió al tema mencionado niegan la denuncia hecha María Fernanda con respecto a la condición de su hija mencionado «la compañía rechaza categóricamente las acusaciones formuladas por la trabajadora; sin embargo, no es posible referirse a los detalles del caso, ya que actualmente se encuentra en tribunales, instancia donde los hechos serán analizados con objetividad sobre la base de pruebas y antecedentes técnicos y jurídicos fiscalizados por las autoridades competentes».
Además, agregando que en primera instancia brindaron una opción a la familia «queremos señalar que desde el primer momento actuamos de buena fe: realizamos una revisión interna, ofrecimos apoyo clínico especializado, incluido el respaldo del CITUC, y un plan de capacitación para un reintegro seguro, medidas que fueron rechazadas por la trabajadora».
Y cerraron diciendo que «en paralelo, y tras algunas denuncias presentadas, mencionar que hemos colaborado activa y transparentemente con todos los organismos competentes, cumpliendo cada requerimiento y entregando la información solicitada, sin haber recibido sanción alguna en relación con este caso. Este actuar se ve respaldado incluso por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que en oficio del 21 de agosto de 2025 confirmó una resolución de la Mutual de Seguridad, la cual calificó la afección como de origen común, es decir, no laboral».
