Mientras se investiga a la corporación, el rol fiscalizador que no se cumplió a cabalidad en el concejo municipal de La Serena, sigue sin generar consecuencias para los ex ediles.
Luego de que la alcaldesa emitiera una doble querella para buscar y sancionar a los responsables de la crisis que hoy atraviesa la corporación municipal, surge la duda del alcance de dichas medidas.
En primera instancia, la misma alcaldesa aclara que, obviando la querella dirigida al exedil Roberto Jacob, la segunda, que hace referencia a los delitos específicos de giro doloso de cheques con malversación y fraude al fisco, hace referencia a «delitos funcionarios que solo le corresponden a quienes prestan servicios directamente en la corporación», quitando toda posibilidad de que la investigación salpique hasta los concejales de los periodos en cuestión.
Responsabilidad del que fiscaliza
Aun así, es un hecho que el concejo municipal de La Serena tiene cierta responsabilidad, al tener como principal rol la fiscalización de las gestiones realizadas por el alcalde, en dicho caso Roberto Jacob.
«Entendido que nuestra labor y rol fiscalizador debe ser activo y presente, cuando no se hizo algo con la información que entregó Contraloría sobre el notable abandono de deberes de parte del exalcalde, se incurrió en una falta, porque nos llegó a todos y solo cuatro tomamos acciones», explica la concejala que hoy sigue en el cargo tras reelección, Rayén Pojomovsky.
Tal como menciona Rayén, fueron solo cuatro los miembros del concejo que realizaron la denuncia que terminó en la destitución del alcalde, medida que, según Daniela Molina, exconcejala, se tomó por la clara irregularidad que ya se manejaba entonces.
«Se nos entregó información incompleta o de frentón falsa o parcial, pero era evidente que había una problemática enorme, lo dijimos de manera muy abierta y reiterada en los concejos, entonces no es algo que se desconociera».
Ante tal situación, expresa que «teniendo la información, porque estaba, existieron concejales que simplemente no quisieron ejercer su rol fiscalizador y dejaron de hacerlo, eso me parece una falta grave».
¿Por qué no denunciar?
Las razones que pueden guardar los miembros del anterior concejo que no se sumaron a la denuncia, han de ser variadas.
Por el lado más conciliador está Camilo Araya, que sí formó parte del proceso, quien expresa que «cada concejal o cada concejala estaba en libertad de poder adherir a esta acción que tomamos», quien luego estipula que existió cierta persecución por parte del exalcalde Jacob para limitar el rol fiscalizador del concejo.
«En ese tiempo, los concejales que se atrevían a fiscalizar eran de cierta manera amedrentados para que no cumplieran su rol, como me pasó a mí con el caso de Fesiluz, tras lo cual el alcalde se querelló conmigo por injurias y calumnias».
Aun así, al consultar a la actual edil de La Serena, expresa que tras su ausencia en la denuncia de las irregularidades con la corporación mientras era concejala, hay algo mucho más simple y banal.
«Ellos, como integrantes de partidos de izquierda, se unieron para presentar una acción contra el alcalde. Yo, militando en un partido de derecha, no fui invitada ni considerada», declaración que causa ruido al tener en cuenta que la misma información que sustentó el accionar de cuatro concejales era de conocimiento de todo el concejo.
Al respecto, Molina reitera que «efectivamente hay responsabilidad del Consejo y de quienes hicieron oídos sordos, o que se terminan poniendo capas de superhéroes al final del periodo, cuando ya esto estaba finiquitado, cuando era evidente, porque por algo el alcalde fue destituido».
Responsabilidad compartida
En este momento, la corporación y sus antiguos funcionarios y altos cargos están en pleno proceso de investigación para dilucidar niveles de culpabilidad, caso contrario a quienes, por medio de la fiscalización, debían evitar llegar a tales extremos.
Esta disparidad, al menos para la exconcejala Molina, no corresponde, expresando que «los que tienen responsabilidad, tienen que dar la cara de alguna forma».
Aun así, aún no hay claridad de las consecuencias que deberían aceptar los concejales que faltaron a su rol, ya que, tal como menciona Rayén, «es una falta administrativa y política, no penal, como lo que se está buscando en este momento con la querella que se interpone».
Por otro lado, el concejal Camilo Araya expone una segunda situación, que marca una falta de responsabilidad en el anterior concejo municipal, el que a su criterio debería ameritar medidas.
«Después del requerimiento por notable abandono de deberes, y teniendo antecedentes de las irregularidades en la Corporación, hubo colegas que siguieron aprobando el traspaso de recursos hacia ella, siendo que no correspondía hacerlo. En consecuencia, deberían ser sometidos a lo que se denomina los llamados juicios de cuenta. Lo que se traduce en auditorías para detectar cuando no se resguardó el equilibrio presupuestario, es decir, lo que entra y sale del municipio».
