PAPAYA GATE: Investigación sumaria en Gobierno Regional, Municipalidad, Bienes Nacionales y Desarrollo Social

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Este lunes se realizó la primera sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la compra de terrenos para el centro deportivo San Ramón, más conocido como el caso Papaya Gate, que contó con la presencia del contralor general de la república Jorge Bermúdez.

Para la próxima reunión está invitada la ex intendenta Lucía Pinto.

Por cerca de dos horas se extendió la primera sesión de la comisión investigadora del caso Papaya Gate, que consiste en la compra de terrenos para instalaciones deportivas por más de $ 9.800 millones de pesos, que dio paso a la renuncia de la ex intendenta Lucía Pinto.
Esta primera sesión contó con la asistencia de Jorge Bermúdez, contralor general de la república, quien expuso detalladamente la compra de los terrenos, tanto para el nuevo hospital de Coquimbo, como para el centro deportivo San Ramón.

En su presentación, Bermúdez detalla en primer lugar la compra del terreno para el nuevo hospital de Coquimbo, que se ubicará en el sector de La Cantera, que fue uno de los primeros informes en donde se pronunció la entidad fiscalizadora.

Relata que al momento de la compra, el uso de suelo no permitía la instalación de un hospital en La Cantera, pero explica que el gobierno regional aprueba el Plan Regulador Intercomunal (PRI), «eso va a permitir destrabar la modificación del plan regulador de Coquimbo, para que se pueda emplazar la infraestructura hospitalaria».

Agrega que «el 4 de febrero se celebra la compraventa entre los dueños del terreno de La Cantera y el GORE, y el precio es de 4 UF por metro cuadrado, y el 27 de junio el municipio de Coquimbo promulga la actualización del plan regulador, que se basa en el PRI, y eso subsana el problema de uso del suelo».

«En la resolución 22 del 2020, del Gobierno Regional, se autoriza el trato directo y se aprueba la compraventa, y ahí ya viene el primer problema… luego se presenta la resolución 38, que decía lo mismo», relata.

En cuanto a la tasación del terreno de La Cantera, en primer lugar fue tasado por un privado por $ 3.859 millones en marzo del 2020, y otras dos que superaban los $ 5 mil millones, siendo vendido en $ 6.500 millones, hecha por Bienes Nacionales.
Además, el contralor puntualiza en que «tampoco se contó con la autorización del Ministerio de Hacienda para poder realizar este contrato de compraventa, que está regulado por ley».

Papaya Gate: Sumarios
al GORE y otras
reparticiones públicas

Todo se remonta a fines de septiembre del 2020, cuando la Contraloría había dado a conocer en un informe que el Gobierno Regional de Coquimbo había decidido comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias por $ 9.800 millones de pesos, y la autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero se hicieron sin la «toma de razón» del ente fiscalizador, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.

En ese sentido, durante su exposición en la comisión, el contralor explica que se cuestionan distintas actuaciones, además del precio pagado por el terreno para el centro deportivo, «también se cuestiona lo siguiente, se suscribe la compraventa, se inscribe en el Conservador y se hace la transferencia del dominio, y por lo tanto se paga el precio antes de que hubiera pasado por el trámite de toma de razón ante Contraloría».

«Hay un orden en que deben hacerse las cosas y no fue respetado, y hace que la actuación, desde el punto de vista administrativo, no tenga ninguna eficacia, sin perjuicio que desde el punto de vista civil sí se produce la transferencia del dominio», añade.

Y agrega que al momento de solicitar el visto bueno de Contraloría, se encontraron con que ya estaba todo concretado, el traspaso y el pago, «que sentido tenía que Contraloría venga a ponerle el sello de inmunidad legal, por así decirlo, cuando no hay nada que analizar».
En cuanto a las tasaciones por el terreno, el contralor detalla que la primera, con fecha de enero del 2019 era por $ 4 mil millones, después una segunda valoración en febrero del 2020 subía a $ 8 mil millones, y otra por $ 9.180 millones, siendo al final el precio pactado de $ 9.800 millones.

«El Gore estaba pagando $ 620 millones de más, tomando la peor tasación, estamos hablando de casi un millón de dólares más que se pagó por ese terreno… y no creo que haya instalaciones deportivas que valgan tanto… es una cantidad inaudita para este tipo de proyectos», añade.

En relación a las medidas posteriores adoptadas por la Contraloría, se inician procedimientos disciplinarios en el GORE de Coquimbo, en el Municipio de La Serena, y en las seremias de Bienes Nacionales y Desarrollo Social, por eventuales responsabilidades administrativas. Actualmente los sumarios se encuentran en etapa indagatoria

Próxima sesión
de la comisión

El diputado y presidente de la comisión, Daniel Núñez, propuso que la ex intendenta Lucía Pinto, junto con el ex administrador regional, José Cáceres, fueran los próximos convocados a la siguiente sesión, que se debería realizarse el próximo lunes a eso de 17:30 horas.

Cabe destacar que Lucía Pinto no tendría la obligación de asistir, ya que renunció al cargo hace más de 6 meses.

Reacciones

Una vez terminada la primera sesión, el diputado Daniel Núñez, quien preside la comisión, señala que «hemos decidido invitar para la próxima sesión a la ex intendenta Lucía Pinto. Su presencia es muy importante, debe dar la cara ante la región y el país, y que explique porque actuó de forma tan dolosa para facilitar y permitir esta venta, que constituye un verdadero fraude al fisco. Espero que vaya a la sesión».

Respecto de la primera sesión de esta comisión, sostiene que «fue impecable. El contralor señaló que no hay precedentes de una compra de terrenos para campos deportivos por este valor de 9.800 millones de pesos. Además, en la compra se disminuyó el valor del terreno en relación a lo que se había prometido, hay una serie de dudas sobre las segundas tasaciones que elevan de 4 mil millones a 9 mil millones».

FUENZALIDA

Por su parte, Juan Manuel Fuenzalida sostiene que «fue una sesión bastante informativa respecto de lo que son los puntos de vista de la Contraloría, donde fue bastante bien esquematizado y sintetizado el proceso de adquisición de compra, desde su inicio hasta el final. La sesión fue positiva…».

EGUIGUREN

Francisco Eguiguren comentó que «quedé muy conforme con el informe que nos entregó el contralor general, siempre profundo, acucioso, y con una explicación muy clara de todo lo que ha ocurrido. Creo que de a poco se empiezan a ver aristas, por las cuales tenemos que empezar a investigar y profundizar».

WALKER

En tanto, Matías Walker señala que «me parece que fue muy útil contar con la presentación del contralor, era muy importante conocer los detalles de cómo se hizo esta fiscalización, (…) además destacar lo que dice relación con las tasaciones, que subieron de 4 mil millones a más de 9 mil millones, que finalmente fue el precio de la compraventa. Creo que el trabajo de la Contraloría ha sido muy útil».

El diputado Raúl Saldívar, por su parte, comenta que «la exposición del contralor fue sólida respecto a los hechos que se investigan y que finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Lo que más sorprende es que en este proceso de compra se adquieren, se inscriben, se pagaron rápidamente, antes de la toma de razón, es decir, llegó a Contraloría cuando estaban todos los hechos consumados».

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