La comisión que investiga los actos en lo relativo a la búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010, tuvo esta semana su segunda sesión.
En la primera instancia se escucharon las exposiciones de representantes de organizaciones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, donde la oradora fue la serenense Paloma Zaninovic, representante de la Sociedad Civil por la Infancia, quien ha investigado la realidad de las vulneraciones que sufren los menores en el país.
En su crítica evaluación, señaló que «no puede ser posible la ausencia de protocolos específicos frente a las diferentes formas y causas de desaparición, ni que tampoco exista un cruce de datos entre todas las instituciones que podrían estar vinculadas».
De acuerdo a los datos entregados, el 61,7% de las denuncias de desapariciones quedarían en nada, «pues no hay víctima ni cuerpo, por lo tanto, no se puede establecer un delito», agregó.
En lo que respecta a números, en los últimos seis años existen 1.783 menores desaparecidos, de los cuales 84 pertenecen a la región de Coquimbo.
«Si los padres no están golpeando las puertas de la prensa, ni mostrando el caso de sus hijos desaparecidos, es porque deben ser niños que están en situación de calle. Lo peor es que estos niños son los que no les importan a nadie», dijo Paloma en entrevista a este medio.
Aprendiendo de algunos errores
En la segunda sesión, desarrollada ayer en el ex Congreso en Santiago, en la que participaron los diputados Raúl Saldívar y Matías Walker, el turno fue de las policías, quienes expusieron respecto a los protocolos de búsqueda y coordinación.
Karen Hernández, comisario y jefa (s) de la Brigada de Ubicación de Personas, comentó que «sería ideal que las compañías de teléfono, por ejemplo, nos entregaran, en el caso de los adolescentes que sabemos que poseían algún tipo de dispositivo móvil, la ubicación de la última parte donde ellos se movilizaron, además de poder acceder a las cámaras. Es que cuando una persona desaparece nosotros debemos reconstruir por dónde esta persona anduvo literalmente, así que muchas veces tenemos algún impedimento para poder levantar las cámaras en tiempo real y para eso se nos solicita un número de rol único de la causa, que es el que otorga la fiscalía. Por lo tanto, esas son algunas de las herramientas con las que la policía podría contar de manera inmediata sin mediar algún tipo de autorización para este tipo de casos, siempre que sea necesario para esclarecer o ubicar a la persona que está siendo buscada».
Además, afirmó Hernández, que «como policía hemos aprendido de algunos errores que hemos cometido en el pasado, entonces cuando una persona va a una unidad de investigaciones a estampar una denuncia por presunta desgracia, independiente que la haya puesto en Carabineros, nosotros de igual manera la tomamos para tomar las primeras diligencias y así dar cumplimiento, tal vez, a lo que está aquejando a la persona, y en ese sentido sería conveniente que exista una base única de datos para que no haya una duplicidad. Es que muchas veces frente a una desaparición puede haber hasta cuatro órdenes de investigar y con números distintos de rol único de causa. Por tal motivo, esta base de datos nos serviría, porque así podríamos realizar un seguimiento y trabajar con cifras más certeras, para darnos el diagnóstico de nuestro país en relación a las presuntas desgracias».
El diputado socialista Raúl Saldívar también es crítico en reconocer que la situación que más les preocupa «es la falta de una normativa que establezca una estandarización de los procedimientos por parte de la PDI y Carabineros. Si bien es cierto que hay puntos coincidentes en la metodología de trabajo para estos casos de pérdidas o desaparición de personas, es indispensable cuanto antes tener la definición de protocolos que reflejen un carácter estandarizado, como también es importante tener presente que existen estadísticas al respecto».
