El tribunal de La Serena definirá si exfuncionarios y empresarios seguirán el proceso judicial en libertad o bajo medidas cautelares, en el marco de la compra cuestionada de terrenos por más de $9.800 millones, actualmente investigada como posible fraude al fisco y delitos tributarios.
La exintendenta Lucía Pinto volvió a presentarse este martes ante el Juzgado de Garantía de La Serena. Al igual que el lunes, llegó acompañada de su padre y, según su abogado Samuel Donoso, lo hizo con tranquilidad. «El principal objetivo es limpiar su nombre de las imputaciones que se le han formulado», declaró.
Este miércoles, a partir de las 12:30 horas, la Tercera Sala del tribunal resolverá las medidas cautelares para los imputados en el caso conocido como Papaya Gate, una investigación que involucra a exautoridades del Gobierno Regional de Coquimbo y a empresarios por una millonaria compraventa de terrenos en San Ramón, La Serena.
La audiencia se centró esta vez en los argumentos de las defensas. El Ministerio Público formalizó cargos por presunto fraude al fisco contra Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y el empresario inmobiliario Pablo Bracchitta. Además, se imputan posibles delitos tributarios a Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim y Manuel Daire, y Luis Iver.
Para los primeros, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Para los imputados por supuestas infracciones tributarias, pidió firma mensual y arraigo. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue más allá: requirió prisión preventiva para todos los involucrados.
El tribunal deberá ahora pronunciarse sobre estas solicitudes y fijar el plazo de la investigación.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía y el CDE, José Cáceres habría incurrido en un conflicto de interés al mantener, desde 2016, vínculos comerciales con socios de la inmobiliaria Guayacán, hecho que, afirman, no fue informado durante el proceso de compra.
La operación cuestionada se refiere a la adquisición de terrenos por parte del Gobierno Regional para construir un centro deportivo, por más de $9.800 millones. Según los antecedentes expuestos por la parte querellante, el valor real de los paños no superaría los 4 mil millones.
Pese a que Contraloría rechazó cuatro contratos vinculados a esa transacción, la exintendenta habría inscrito un nuevo contrato en una notaría, lo que —según la Fiscalía— eludió el control del órgano contralor y motivó el inicio de la causa penal.
Durante su intervención, el abogado Donoso defendió la conducta de su representada: «Se habló mucho de que mi representada quería ejercer un interés propio y no acepto ese juicio. Desde el primer día tengo claro que su interés era construir en esta región dos hospitales nuevos. No era su preocupación si se cumplía el presupuesto, pues ella estaba más arriba de esas preocupaciones, que era la ciudadanía…».
También solicitó que se rechace la prisión preventiva, pues «no se configura la necesidad de cautelar. Han pasado casi cinco años desde los hechos, y no existen antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que esta medida sea indispensable para el éxito de la investigación ni para evitar una eventual obstrucción».
Agregó que «no basta con el perjuicio, sino que debe acreditarse que se actuó con abuso o en forma manifiestamente contraria al interés del Fisco, y eso no ocurrió con mi representada».
En la causa también figuraban como querellantes el senador Daniel Núñez (PC) y el concejal serenense Camilo Araya. Sin embargo, la jueza Carolina Baroncini resolvió excluirlos, al considerar que sus intereses ya estaban representados por el CDE, evitando una desventaja procesal para las defensas.
Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado reiteró la tesis de la existencia de un perjuicio fiscal: «Según los antecedentes, se han asignado distintos valores a los lotes en cuestión. Pero, más allá de las tasaciones, todas dan cuenta de un fraude fiscal mayor a 400 UTM, el tramo superior establecido en el artículo 239 del Código Penal».
El CDE mantiene su solicitud de prisión preventiva, en línea con lo planteado previamente por el senador Núñez. Debido a la extensión de la audiencia, la decisión del tribunal fue postergada para este miércoles al mediodía.
