El seremi Oyarzún llama a los padres y apoderados a tomar cartas en el asunto. «Las malas prácticas hay que desterrarlas, porque hay canales para realizar
todo tipo de denuncias, y siguiendo los canales adecuados, se determinará
si corresponde o no».
La cifra resulta llamativa, ya que según las estimaciones entregadas por el Ministerio de Educación, las denuncias a colegios por exigencias de textos, útiles y uniformes escolares han disminuido en un 65% en los últimos cinco años a nivel país.
Esto resulta importante, considerando que por largo tiempo han habido establecimientos que en su lista de útiles y requerimientos para el año escolar incluyen textos, útiles y uniformes de determinada marca, los que eran solicitados en forma «obligatoria», algo que a todas luces es ilegal.
Por esto las autoridades han decidido poner especial énfasis en esta materia, considerando que las cifras macro en Chile asoman como positivas, pero de todas maneras no se confían y argumentan que continuarán con una fuerte fiscalización, haciendo un llamado a los padres a ser los primeros garantes de que no haya ninguna irregularidad, para que no exista discriminación de ningún tipo.
De acuerdo a lo señalado por la autoridad, en los últimos años la cifra de denuncias ha sido ínfima en la región, pero de todas formas han existido casos que denotan ciertas problemáticas. En ese contexto, el director regional de la Superintendencia de Educación, Julián González, en conversación con diario La Región reconoció que han existido hechos aislados en los últimos años.
«En nuestra región, las denuncias son muy marginales. Entre 2018 y 2019 tuvimos dos, una por la exclusión de un menor de ingresar a clases porque se le exigió un determinado uniforme y otra por no contar con textos escolares de cierta procedencia, lo que es grave, pero consideramos que son prácticas que se han ido borrando en el tiempo. Los colegios saben que es una falta a la normativa, porque lo más importante y lo primero es la educación de los niños», subrayó la autoridad.
Respecto de sanciones para los establecimientos, el director regional de la Superintendencia de Educación destacó que «cuando se comprueba, tras una denuncia, que hubo una falta a la normativa, la sanción puede ir desde una amonestación por escrito hasta una multa que puede llegar de 1 hasta 50 UTM (cerca de los 2 millones y medio de pesos). Esto depende de cómo se vaya desarrollando la investigación y el grado de falta que tenga ese procedimiento», acotó González.
Es por ello, que el rol de la Superintendencia es vital. «Nuestra tarea es fiscalizar cada uno de los recursos que son proporcionados por el Estado a los establecimientos, y que los colegios cumplan con la normativa educativa. Eso es un amplio abanico de situaciones, donde están incorporadas las denuncias que pueden llegar a hacer las familias y los apoderados, cuando ellos sienten que sus derechos no están siendo respetados», subrayó.
RECOMENDACIONES
El seremi de Educación, Claudio Oyarzún, en diálogo con diario La Región, se refirió a la importancia de difundir estas políticas, y cómo la incorporación de campañas como «Igual de Buenos», que entrega textos escolares aportados por el Estado para alumnos de establecimientos públicos y particulares subvencionados en forma gratuita puede resultar crucial, sobre todo para padres que no pueden comprar uno de determinada editorial por su alto valor.
«Son textos de una alta calidad, también vienen en formato digital y constan de un cuadernillo de trabajo. Estos van a estar a disposición de nuestros niños y niñas desde el primer día de clases. Es muy importante destacar el impacto que esto tiene en el presupuesto familiar de la clase media y los sectores más vulnerables, puesto que un texto en el mercado puede tener un valor de unos $ 30 mil, y el ministerio los entrega en forma gratuita. Queremos procurar que los padres y apoderados estén debidamente informados», señaló.