Las 12 personas desvinculadas advierten que la siguiente instancia es que la Inspección del Trabajo «haga la demanda ante los tribunales por prácticas antisindicales». Desde la seremía de Minería su titular, Roberto Vega, manifestó que «esto obedece internamente a la empresa contratista con su personal, no a la Empresa Nacional de Minería…».
El dirigente sindical Enrique Gatica fue desvinculado en el mes de agosto desde ACM Operaciones, empresa contratista de la estatal Enami, en Illapel. Su despido, asegura, se debió a una denuncia que realizó –a una página que tiene Enami- por una máquina que estaba con bastantes problemas y que, incluso, le valió un incidente.
Fueron varias las quejas, hasta que por fin la empresa cambió la máquina, «pero por una en peores condiciones», asegura. Y agrega: «Entonces hice la denuncia ante la Inspección del Trabajo, pero por otros temas, puesto que a nosotros nos obligaban a hacer trabajos que no correspondían y que no eran remunerados, así que existen varias denuncias en la inspección -tres en total- y en la página hay muchas más, principalmente por acoso laboral al personal. De hecho, después de la fiscalización me desvincularon de la empresa y les hice ver el error, el hostigamiento, pero aun así me despidieron», cuenta Gatica, todavía sorprendido por la manera en cómo se gestó su salida.
Asegura que este martes la empresa llamó a los trabajadores uno por uno para hacerles firmar un documento en donde ellos no reconocían el sindicato, «entonces es como estar intimidando a los trabajadores y el que no firmaba era porque estaba en el sindicato y de hecho, es una práctica antisindical y esto lo está haciendo el administrador de contrato de la empresa ACM y que si bien es contratista, este señor trabaja bajo las órdenes que le da el mandante, en este caso Enami».
Los despidos han estado ocurriendo desde el 14 de agosto y los últimos tres, el 30 de septiembre. Hasta el momento van 12, «pero los rumores indican que vienen más y sin ninguna justificación, porque se está cancelando al personal por el artículo 161 que es necesidad de la empresa, pero al día siguiente ya estaban reemplazando esos puestos, en el mismo cargo y en las mismas funciones, por lo tanto no existe esa necesidad», precisa el dirigente.
Además, explica que «pese a que los despidos comenzaron luego que se formara el sindicato, hemos actuado de buena fe, pero la empresa no ha cumplido, por lo que la siguiente instancia que viene es que la Inspección del Trabajo los demande ante los tribunales por prácticas antisindicales».
Desde la seremía de Minería comentaron, ante situación, que «la Empresa Nacional de Minería (Enami) no ha desvinculado a ningún trabajador, ya que como toda empresa minera tiene trabajadores directos y contratistas y las personas que aparecen en la denuncia que realiza el diputado Daniel Núñez, corresponden a una empresa contratista de Enami, como una de las tantas que tiene».
Por lo mismo, su titular Roberto Vega fue enfático en admitir que «a raíz de una serie de denuncias que se fueron gestando, denuncias de la empresa ACM, tomamos carta en el asunto de solicitar un informe debido a toda la polémica de esta última semana y hay dos personas que están involucradas, uno de ellas es el señor Enrique Gatica, el dirigente, que el 12 de agosto, según la información que se nos entregó, se le solicitó el cese de sus funciones, pero no por parte de la Enami, sino que esto obedece internamente a la empresa contratista con su personal».
A Gatica se le despidió con fuero sindical, lo que en la práctica es antisindical, según lo señalado por el Código del Trabajo, «aunque la ilegalidad la determina el tribunal», afirma el seremi.
Sin embargo, «la reincorporación le corresponde a la empresa contratista ACM, no a Enami».
En lo relacionado a las fiscalizaciones, apuntó que «el Estado dice que cada seremía tiene competencias y acá recae en la inspección del trabajo, en este caso en la dirección, que es el encargado de hacer la fiscalización de la normativa laboral. Nosotros exigimos e incluso lo hacemos con la pymes para poder entregar fomentos en el cumplimiento de cosas: En la normativa tributaria y en la normativa laboral, que se certifica a través del formulario 30 de la Inspección del Trabajo –si no me equivoco- y que eso tiene que ser obligatorio al momento de poder contratar con cualquier empresa del estado».