Recurso fue presentado por los 16 consejeros regionales el pasado 13 de marzo, «por notable abandono de deberes y faltas a la probidad». Cores dicen que no claudicarán en la acusación llevada a cabo.
«Por notable abandono de deberes y faltas a la probidad», los consejeros regionales decidieron pedir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la remoción de la Gobernadora Krist Naranjo. Entonces la autoridad acusó «maniobras oscuras» por ser mujer y no pertenecer a ningún «feudo político».
Este martes, sin previo aviso, el Tricel aceptó el requerimiento de lo que se planteó en el CORE, declarando admisible el recurso de remoción presentado contra la gobernadora.
Los consejeros fueron notificados ayer y no había alegría, como sostuvo el core Javier Vega (PC), «pues más bien tomamos esto con una visión de lo que nos otorga la ley, donde los consejeros y consejeras tenemos la facultad de fiscalizar los recursos públicos y en ese sentido estamos tranquilos, porque estamos haciendo un trabajo por ser transparentes por la región».
Asegura estar conforme, toda vez que el Tricel dijo «bueno, ya» al requerimiento «en la solicitud de acusar a la gobernadora por abandono de deberes y falta a la probidad, y ahora viene un proceso en que tendrá que responder por cada uno de los requerimientos y donde las partes van a tener que, a través de una línea de investigación, concluir si lo que nosotros finalmente estamos planteando tiene relación con estas dos causales. Es una importante noticia, pero no la tomamos con alegría», reiteró.
«No vamos a
claudicar»
Son seis los cargos levantados en contra de la gobernadora, entre ellos se encuentran el uso indebido de vehículo fiscal, la realización de viajes internacionales y el maltrato a funcionarios. Además se hace referencia al incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución presupuestaria, los acuerdos por el Core y el desarrollo de la Cuenta Pública.
Al respecto, Lombardo Toledo (DC) comentó que «tenemos hechos concretos que hemos vivido como servidores públicos, donde en reiteradas ocasiones se ha dañado a la comunidad con una serie de propuestas y programas que debieran estar beneficiando a la comunidad, y situaciones que escapan al modelo de gobernanza democrática y republicana que ha tenido este país y sobre todo la región».
Manifestó que «este es el primer paso», y ahora esperarán que los «poderes del Estado hagan su trabajo como lo están haciendo ahora, pues día a día y mes a mes estamos sufriendo el rigor de un liderazgo que, en vez de avanzar en la región de Coquimbo, nos está haciendo mucho daño, especialmente a las comunidades más vulnerables, con una serie de proyectos y un divorcio entre una gobernanza y otro poder del Estado, que es el Ejecutivo. Como ente fiscalizador hemos cumplido con la comunidad: Papayagate y ahora con la gobernadora, y la justicia tendrá que responder. El bien común así lo espera».
Por su parte, Cristian Rondanelli (UDI) aseveró que «todo esto es parte de este proceso que iniciamos en el mes de marzo, y acorde a todo esto ella fue notificada. Posterior a esto, implica lo que son las reclamaciones y las muestras a la falta de la probidad y abandono de deberes que puede haber en su gestión en la región de Coquimbo».
En ese sentido, apuntó que «no vamos a claudicar en la acusación llevada a cabo, toda vez que los consejeros regionales vamos a demostrar que debemos cumplir con el rol fiscalizador como corresponde».
