Han tenido problemas al punto que una presentó demanda de «divorcio culposo» con causal de homosexualidad.
El caso se derivó al Tribunal Constitucional.
La abogada sostiene que se debe declarar inaplicable «por ser una norma discriminatoria e inconstitucional…».
Paula (41) y Claudia (39) se conocieron en 2018 a través de un proyecto educativo que incluye la pedagogía Waldorf. Ese mismo año, y debido a la crisis que mantenían con sus respectivas parejas –hombres-, decidieron separarse.
Tiempo después, compartiendo en el colegio y el día a día, comenzaron una relación. Así también sus exparejas, pero ellos heterosexualmente. Sin embargo, desde que se hizo pública la relación de ambas, los conflictos han sido frecuentes. Los prejuicios y juicios también.
Las dos eran, en la práctica, dueñas de casa. Y sin recursos de por medio, se vieron expuestas a violencia económica, expresada en un principio, en presiones sobre los bienes de cada relación, así como también un gran nivel de agresión psicológica producto de la discriminación.
Los meses pasaron. Entre medio, su abogada Gabriela Calderón -en la foto- denunció irregularidades en el proceso de tuición, por ejemplo en el caso de Claudia, quien debió entregar a sus hijos al cuidado provisorio del padre. «Efectivamente hubo intervención en el proceso…», cuenta.
Aunque el tiempo las acercaba, los conflictos seguían apareciendo. Fue así que a Paula se le presentó una demanda de «divorcio culposo» con causal de homosexualidad. Esta causa es la de más larga data, y hoy su caso se derivó al Tribunal Constitucional.
«Fue el Tribunal de Familia de Coquimbo quien remitió los antecedentes al Tribunal Constitucional», cuenta la abogada. Y agrega: «El tribunal está solicitando a este Tribunal Constitucional que declare inaplicable el Artículo 54° número 4 de la Ley de Matrimonio Civil. Este artículo que se está invocando, que es la causal de divorcio por homosexualidad, es una norma discriminatoria e inconstitucional».
Fuera de la realidad
Respecto a esta situación, Calderón señala que «estas situaciones lamentablemente están totalmente fuera de la realidad, y que en estos tiempos no se entiende que se quieran aplicar estas normativas, totalmente discriminatorias, considerando los importantes avances normativos en materia de discriminación, como son las Leyes 20.609 sobre ‘No Discriminación’ y 21.120 sobre ‘Identidad de Género’».
La defensora sostiene que «no son muchos los casos en donde se ha visto este tipo de requerimiento, ya sea por las partes o por los mismos tribunales, que son en definitiva quienes hacen el requerimiento a este tribunal para que se pronuncie respecto a si esa norma, ese precepto, es o no constitucional».
Hechos
denunciados
Respecto a su representada, asegura que está «extenuada con la excesiva judicialización de su vida privada y la de sus hijos, pero no desde el punto vista de la causal, sino que por todo lo que ha significado el caso, que ha sido una tremenda exposición porque con esto se genera un trato distinto y que dice relación con su esfera más íntima, ya que siente que es una norma totalmente discriminatoria. Está tranquila dentro de todo, pero imagínate estar expuesta a todo este cuestionamiento, con todo un requerimiento y en definitiva, así como Paula son muchas las personas que pasan por este mismo tipo de situación y viven todo este cuestionamiento de tipo moral, totalmente alejado de estos tiempos y que no tienen ningún sentido».
La situación de Claudia no es muy diferente, pues como asegura su abogada, ella «está sufriendo en estos momentos haber sido apartada de sus tres hijos, otorgando el Tribunal de Familia el cuidado personal provisorio, o tuición a su expareja, todo en base a informes adulterados que se presentaron en el proceso judicial y que está absolutamente demostrado».
Mientras, afirma que «estamos a la espera de que el Tribunal revoque la medida. Incluso fiscalía está investigando los hechos denunciados».
Esto, teniendo en consideración «que ha habido modificaciones legales que no estaban contempladas antes de eso, pues tenemos el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de no Discriminación y están en la misma presentación que hace el Tribunal de Familia de Coquimbo», precisa.
En promedio, esta causa puede durar seis meses o más en el TC, dependiendo de los tiempos de tramitación y recursos que se hagan vale. Sin embargo, lo interesante, dice la abogada, «son los cambios que ha habido en la sociedad: Imagínate considerar el caso referente de la jueza Karen Atala, que a nivel internacional marcó un importante precedente en estas materias de discriminación y todo lo que tiene que ver con las normativas y los convenios de Derechos Humanos a nivel internacional, así como recientes normativas que entraron en vigencia en Chile».
No obstante, asegura que el criterio del TC ha sido bastante conservador, «pues de los fallos históricos que han existido en este caso en particular, frente a otras causales que se han presentado, la mayoría ha sido de seis votos contra cuatro rechazando el requerimiento. Y de los diez ministros que componen el tribunal, esa era la estadística. Entonces lo más cercano que se ha llegado fue cuando se obtuvo un empate a cuatro en 2014, por tanto ahí está lo interesante, que fue el último gran logro que en algún minuto se tuvo frente a este precepto».
Calderón reconoce que debiese darse una interpretación armónica de todas esas normas, «puesto que en el fondo nuestra legislación está apuntando a evitar todo ese tipo de discriminaciones, debido a que lo lógico es que se pudiese hacer un análisis sistemático de todas las normativas que regulan esta materia y cómo nuestro ordenamiento jurídico se ha ido adecuando a estos cambios. Son normas de derechos humanos».
