Consejero Toledo denuncia presuntas irregularidades en despidos en la CRDP

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Se trata de cinco funcionarios de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), que fueron desvinculados en abril de este año, cuando los dineros de las remuneraciones habían sido aprobados por el Core. «Fue algo netamente político, arbitrario, más en el tiempo en que vivimos», denuncia el consejero Lombardo Toledo.

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) es un organismo público-privado que se financia con recursos del gobierno regional a través del Core, quienes enviaban una solicitud por un plazo de 3 años, pero en esta ocasión fue solo por uno, de abril de 2020 a marzo 2021.

Este año el Gore definió que se debía finiquitar a todas las personas, entre el gerente, ejecutivos y administrativos, y en febrero de 2020 se enviaron las cartas de notificación, cuando todos entendían que a contar del 1 de abril todos retomaban sus funciones, al menos hasta marzo 2021.

En este contexto es que el consejero regional Lombardo Toledo denuncia que los despidos fueron irregulares, «a fines del 2019 nosotros aprobamos el financiamiento de la Corporación de Desarrollo Productivo, siempre lo enviaban por tres años, y en esta oportunidad fue por un año, desde abril del 2020 a marzo del 2021, por lo tanto a pesar que los contratos de trabajo eran indefinidos, sin fecha de término, por lo tanto no se veían afectados cuando se renovaban los presupuestos».

Y agrega que «la CRDP históricamente nunca ha pagado finiquitos por renovación de presupuesto basal, pero este año el gobierno regional decidió que se debían finiquitar a todas las personas, gerente, ejecutivos y administrativos, y en febrero del 2020 se enviaron las cartas de notificación y habían entendido que a contar del 1 de abril todos retomaban sus funciones hasta marzo del 2021, donde nosotros aprobamos programas y presupuestos, de acuerdo a la solicitud de la propia corporación».

El personero cuenta que a algunos de los trabajadores se les solicitó tomar vacaciones, situación que fue aceptada por los funcionarios, entendiendo que serían recontratados, «luego, el 30 de marzo, el gerente llama por teléfono a cinco profesionales para comunicarles que el gobierno regional había definido que no continuaban a contar del 1 de abril, sin entregar justificación técnica ni financiera a los trabajadores», señala.

«La causa del despido, desde nuestro punto de vista, fue algo netamente político, arbitrario, menos en el tiempo en que vivimos, cuando estamos viendo al Presidente de la República, a la intendenta, que es un dolor tener a gente cesante producto de la pandemia y de la situación social que vivimos», enfatiza.

Votación dividida en el Core

Lombardo Toledo relata que cuando en la última sesión del Core, realizada este martes vía online, se realizó una votación en el marco de los despidos en la CRDP. La primera opción, que era liderada por la presidenta del consejo, Adriana Peñafiel, se trataba de pedir mayores antecedentes al Gore de la situación, y la otra alternativa, propuesta por Lombardo Toledo, pedía la recontratación de los funcionarios despedidos.

«Hubo una votación y el resultado fue 8 a 8, y quien
tuvo que decidir fue justamente Adriana Peñafiel», señala Toledo.

Y agrega que «esto significa la agonía de los funcionarios porque ya conocemos la dinámica que tiene el gobierno regional para gestionar y trabajar, no solo en esta situación, sino que en todas».

El consejero señala, además, que pidió antecedentes al gobierno regional por los despidos, «deben entregármelos, es una evaluación de los cargos de todo el personal del 2019 y los criterios que se usaron para estos supuestos despidos».

«La mayoría de los integrantes del directorio de la corporación no estaban de acuerdo con los despidos, lo otro, el represente del Consejo Regional en la CRDP, Alberto Gallardo, nunca fue convocado a entregar su opinión ni ver esta situación contractual que están viviendo estos cinco funcionarios, y presentó su renuncia indeclinable a ser el represente del Core en la corporación», concluye.

LA REGIÓN hizo las consultas al Gobierno Regional, quienes tienen la vocería en este tipo de casos, pero al cierre de esta edición, no había llegado ninguna respuesta.

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