Contraloría Regional acoge objeciones de la ciudadanía al Plan Regulador Intercomunal

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El factor «Falta de Participación Ciudadana» será integrado en el análisis que realice el órgano a nivel central.

El 27 de diciembre de 2018, casi al terminar el año, el Consejo Regional Coquimbo sesionó para votar, por cuarta vez, el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, más conocido como PRI.
La primera vez que lo votó fue el 1014. A pesar de la férrea oposición de vecinos y organizaciones ambientales, por los graves vicios de dicho instrumento, el cuerpo colegiado aprobó la iniciativa, que, entre otras cosas, no considera la zonificación de borde costero que el mismo Gobierno Regional realizó hace unos años atrás.
Por esta razón, diversas organizaciones de la zona, como Defensa Ambiental IV Región, Modema, Salud Digna, Animalistas Coquimbo La Serena, Elqui Sin Mineras, G80 de la
Universidad de La Serena, Junta de Vecinos Esfuerzo y Esperanza, Consejo Ciudadano de Coquimbo, Secretaría Ambiental de la Universidad de La Serena, Comité de Agua Potable Rural de Los Choros, Secretaría del Medio Ambiente del Partido Socialista, Comité Ambiental Comunal de La Serena, y los Cores Javier Vega y Carlos Galleguillos, realizaron una presentación a la Contraloría General de la República, denunciando la falta de participación ciudadana efectiva en la implementación del PRI.
Tras esta gestión, la Contraloría Regional aprobó las observaciones ciudadanas ingresadas y, a través de un oficio, comunicó que el factor en cuestión va a ser incorporado en el análisis del PRI, lo que hará la institución a nivel central. No hay duda que lo anterior representa un gran triunfo para la ciudadanía, ya que por medio de una participación informada se pueden usar los medios para esclarecer, retrotraer y mejorar procesos que están fuera de toda legalidad.
En este sentido, las organizaciones informaron que seguirán presentando observaciones, puesto que los errores y malos procedimientos son innumerables. Recordar que la
versión aprobada por el CORE, entre otras, cambia las recomendaciones de uso del borde costero de La Higuera, de zonas aptas para actividades de bajo impacto y para la preservación y protección de la naturaleza a zona apta para estructuras portuarias y, en su texto incida que apura su aprobación por los proyectos que están en espera y que no cumplen hasta ahora con la normativa ambiental.

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