Dirigente de Gendarmería indica que en la región tienen cubiertas necesidades de población penal

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Un reciente estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) detectó graves problemas en las condiciones higiénicas de recintos penales del país, además de la falta de profesionales de la salud. ¿En la región? «Acá no es tan complejo y están las condiciones para hacer las derivaciones», señaló Boris Ruiz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería.

El tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile (2016-2017), desarrollado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dado a conocer este lunes, da cuenta de las diversas problemáticas que afectan a los internos del país.

Habla de las precarias condiciones higiénicas y pone énfasis en los servicios de salud. Indica respecto a la situación en la Región de Coquimbo, que el Centro de Detención Preventivo de Combarbalá no dispone de instalaciones de enfermería. «Solo se puede mencionar la visita de un paramédico una vez a la semana o cada quince días», señala.
Respecto a aquello, Boris Ruiz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, comentó que si bien «existe un abandono histórico del Estado chileno al sistema penitenciario, que involucra tanto al personal de Gendarmería, población penal y también a autoridades, la cárcel de Combarbalá es distinta».

Esa cárcel alberga a un total de 18 internos, entre imputados y condenados, hay dos piezas comunes, donde cada uno tiene su cama. Ahora, efectivamente no tienen una atención de salud en forma permanente, dado que por el número de usuarios no corresponde o no se visualiza tener un paramédico las 24 horas. Sin embargo, las necesidades de salud son derivadas al hospital, que está a una cuadra del recinto, y existe un funcionario encargado, que no es del área de salud, pero cuando un interno necesita atención médica, él lo atiende».

Los internos que tengan un problema de mayor complejidad son derivados de inmediato a la cárcel de Huachalalume, señala.

El dirigente gremial afirma que «es cierto que la visita es cada 15 días y el paramédico asiste a tomar algunas muestras de exámenes cuando son necesarias y también para realizar reparto de tratamiento medicamentoso por indicaciones médicas. No obstante, hay un encargado de suministrar este tratamiento a los internos, pero es lo menos, porque una población penal de 18 reclusos difícilmente tenga problemas graves en comparación con una cárcel que tiene 1.800 internos».

Del resto de las unidades penales en la región (CDP de Vicuña, Illapel y Ovalle, más el complejo penitenciario de La Serena), Ruiz reconoce que cuentan con personal paramédico y de salud en forma permanente de lunes a viernes, y fines de semana a llamado. Adicional a eso tenemos los hospitales locales, como en Illapel y Ovalle, donde en caso de una necesidad se llama al SAMU o es derivado al centro de urgencia. Acá, en suma, no es tan complejo, porque están cubiertas todas las necesidades de salud, no in situ, pero si están las condiciones para hacer derivaciones».

Sin embargo Ruiz reconoce que «es efectivo que existe un abandono y que este último tiempo se ha ido avanzando a paso lento» Luego explica: A modo de ejemplo, que el personal penitenciario sea la cantidad suficiente para atender a la población penal, como en Huachalalume, donde tenemos entre 70 y 80 funcionarios diarios de trato directo para atender una población penal de 1.800. Y lo otro, que los recursos son muy escasos y falta mejorar la infraestructura. Las únicas cárceles que cumplen con las condiciones mínimas son las concesionadas, pero las tradicionales, que son la mayoría, tienen todavía mucho déficit. Esto ha sido histórico, porque recién se están tomando medidas, que aún no son suficientes».

En Huchalalume, cada interno cuenta con su habitación y su cama, «prueba de ello es que tenemos capacidad para 2.331 camas, de las cuales están habitadas cerca de 1.800, así que tenemos un margen para albergar una mayor población penal.

En realidad, el problema existe en las cárceles tradicionales, en donde gendarmería hace un esfuerzo para que en ninguna ocurra todo esto. ¿Dónde puede ocurrir? Principalmente en los recintos de la Región Metropolitana, donde si existe todavía hacinamiento».

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