Errores y retos marcaron postergación de juicio por loteos irregulares

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Hubo un receso. Luego la suspensión. Al final todo quedó para hoy, cuando
deba darse inicio a este caso emblemático en la región
por la cantidad de personas involucradas -más de 250 testigos- y las más de mil 200 pruebas documentales, además de pruebas gráficas, de audio y fílmicas.

Muchos testigos en la sala ya eran un problema. El primer piso del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena era, por momentos, un caos. Porque las personas querían ingresar y estar presentes en el inicio del juicio oral por los delitos de asociación ilícita, estafas y loteos irregulares en la venta de terrenos en las comunas de Coquimbo y La Serena, hechos ocurridos entre 2013 y 2016.

Múltiples errores

Pasadas las 8:45 ingresaron a la sala las juezas Paola Cortés, Eugenia Gallardo y María Inés Devoto para partir con la individualización de los intervinientes. Pero de pronto todo se volvió un mar de enredos. Y hartos, debido a los errores que presentó el acta de auto apertura. Entonces la molestia.

Afuera el juicio era seguido en televisión por familias que aseguran haber pagado hasta 14 millones de pesos por terrenos sin servicios básicos y que no permiten regularizar una vivienda.

Adentro, las tres personas imputadas: Juan Manuel Miranda y Ximena Burdiles, socios de la empresa «Parcons», acusada de las presuntas estafas, además de Flavio Gómez, su abogado.

Burdiles, que al final salió rauda y en moto, fue la más insultada por las víctimas. Porque cada vez que respondía a las solicitudes de la magistrada, le gritaban ¡estafadora!, ¡mentirosa!

Eso y otras múltiples confusiones demoraban todo. Por eso el receso de veinte minutos duró un poco más. Aunque ante una molesta jueza María Inés Devoto: «Ustedes (fiscalía y abogados querellantes) van a tener que pedir todas las correcciones del auto de apertura, y que se supone viene correcto, porque se les informó a ustedes, que estuvieron en la audiencia; porque se redactó, se les mandó por correo electrónico y tuvieron el tiempo suficiente, desde el 15 de enero y hoy (ayer) estamos a 25 de febrero para solicitar las correcciones del caso, y nos encontramos con que tenemos una audiencia con mucho público, con gente de prensa, y todavía no terminamos de individualizar a los intervinientes y ya tiene múltiples errores…».

Todo verde, bonito

En medio, se debía aclarar la petición de Ximena Burdiles, que pidió cambiar de defensa, «pues tengo mis abogados prácticamente con las conversaciones definidas y ellos se estarían haciendo cargo de mi defensa, y desde mañana (hoy) deberían estar en condiciones. Son particulares, de Santiago, y están al tanto de que este juicio es de larga duración, entre ellos Alejandro Peña», respondió.

Caras largas en la sala. «Que se haya suspendido me parece una estrategia de ella», argumentó Patricia Barrientos, que adquirió un terreno en el sector de Pan de Azúcar, Coquimbo.

Asegura que «compramos hace más de cinco años un terreno en la Parcela 45, pero luego nos encontramos con la situación de que no pudimos inscribir los derechos, y en lo particular pagué 7 millones».

Mónica Espinoza, a su lado, aseguró haber pagado 15 millones por un sitio, y por eso quería entrar a la sala y verles las caras a quienes dice la estafaron, «ya que por culpa de ellos perdí mi terreno y el dinero».

Raúl Veas es otro de los engañados. Porque compró un terreno, pensando que sería el definitivo, a la señora Ximena Burdiles, «pero con el tiempo comenzaron los inconvenientes, así que fuimos los primeros en presentar la querella, ya que nos vendieron terrenos bajo engaño y de manera irregular».

Esta querella la inició, al igual que muchas otras personas, en el año 2014, pero por motivos de la justicia misma, «y por la estrategia de una de las representadas, que es Ximena Burdiles, que ha cambiado de abogado constantemente, es que no hemos podido avanzar en nada y estamos en las mismas, pero tenemos esperanzas…».

Recuerda que la primera vez llegaron a un lugar parcelado, bonito, con áreas verdes, con sistema de alumbrado, de agua, y que en un comienzo les vendieron un condominio.
«Ella nos hizo una promesa de venta y después la pasamos a sesión de derechos y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que el terreno contaba con muchas precautorias y previsiones, entonces era un terreno agrícola. Nosotros queríamos un terreno para comprar y este era bonito, además que estaba en publicaciones, era algo serio, pensamos, y los precios de acuerdo al mercado estaban buenos, pero nos encontramos con esto. ¿Y sabe cuándo me llamó la atención? Al momento del pago, puesto que iba a pagar con vale vista y me dijeron que necesitaban el efectivo…».

Confianza en el defensor

El juicio, considerado en la región como uno de los más importantes en términos de personas involucradas, ya que considera a más de 200 testigos, un decena de peritos y más de mil 200 pruebas documentales, finalmente se postergó para hoy.

Y lo explicó Paola Cortés, que además de ser la juez presidente, en este juicio en particular tiene la calidad de jueza redactora.

«No se pudo realizar el juicio porque el motivo más trascendental es que una de las acusadas (Burdiles) señaló no tener confianza en el defensor público que la estaba representando (Rodrigo Barrera), por lo que en esa circunstancias la ley le faculta a ella designar o contar con una defensa de su confianza, pero esa debe estar en el mismo día ya asumiendo el juicio», señaló.

Además, manifestó que «el tribunal le dio la oportunidad, y por eso se hizo un receso de 20 minutos para que ella pudiera contar con sus defensores de confianza, porque así lo exige la ley, y como no consiguió eso, la ley también se pone en ese evento y obliga al tribunal a proceder de oficio a la designación de un nuevo defensor…».

Añadió que «la ley garantiza al imputado una serie de derechos, uno de ellos es contar con una defensa que esté preparada, y si bien es muy probable que este defensor público conozca la causa, también es probable que no la entienda. Y en caso de que no la conozca, se complicaría nuevamente el inicio del juicio, porque eventualmente tiene la posibilidad de solicitar un plazo para poder prepararse para este proceso, pero eso tiene que plantearse en la audiencia».

Respecto a si el defensor privado puede pedir un tiempo, la magistrada reconoció que «en ese caso tiene que dar los fundamentos pertinentes, porque en esa circunstancia una defensa privada que decide asumir un litigio de esta magnitud, en un momento determinado, es porque se entiende que está jurídicamente con conocimientos de los antecedentes necesarios para asumirla, y eso ya es una cuestión del ámbito profesional, ético».

¿Estrategia de parte de ella?

Por otra parte, y en relación a si era necesaria la presencia de tantos testigos el día de ayer, afirmó que efectivamente no era necesaria la presencia de tantas personas, «dado que todo juicio tiene una secuencia de actos, y la etapa de la prueba no se inicia desde el primer día, pues hay alegatos de apertura, puede haber declaración de los acusados, hay un número importante de querellantes y, de hecho, incluso la lectura puede tardar todo un día y no por eso podemos tener a los testigos acá. Pero eso lo define el Ministerio Público, pues son 235 testigos en este juicio, de acuerdo a lo que dice al acto de apertura, y que es sólo lo que conocemos. Y por ser tantos es que no los vamos a recibir en un día, eso es una realidad, porque un testigo incluso puede estar toda una mañana, así que no es justo tenerlos a todos acá».

El que Ximena Burdiles haya justamente cambiado su defensor en el día del inicio, no es algo muy habitual, pero «en un escenario de juicio de esta magnitud, a veces son los defensores los estratégicos, no sé de la acusada, pero pudo ser incluso de sus abogados, no lo sé».

Vicente Moya, abogado querellante, tiene a su haber 52 personas que denuncian haber sido estafadas por la empresa «Parcons». Y cuenta que en principio «el núcleo estaba en la parcela 45 de Pan de Azúcar, entonces nosotros nos querellamos en Coquimbo y obtuvimos la formalización y detención de las personas, pero luego se agregaron las víctimas de La Serena, El Romero, Altovalsol y viene del año 2015».

Sin embargo, antes tuvo 87 personas, «pero muchos han renunciado porque creyeron que iban a llegar a un acuerdo reparatorio…».

Respecto a la cantidad de errores y la suspensión, sostuvo que «es normal debido a que este juicio es muy largo, y quien hizo el acta de auto apertura fue un juez que no había tomado conocimiento de esto, por tanto se produjeron muchos errores y que no fueron subsanados por las partes. Imagínese que es un juicio que está destinado a 66 días de audiencia, resulta que en la primera audiencia llevábamos dos horas y aún no iniciábamos, principalmente por los problemas en la individualización».

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