Hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), de calle Anfión Muñoz con Larraín Alcalde, llegó ayer el ex comandante en jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre, para declarar presuntamente por causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura militar.
Cheyre, siendo teniente de Ejército, ejerció en el cargo de ayudante del comandante del Regimiento Arica, hoy Coquimbo, Ariosto Lapostol Orrego, quien además, era el Intendente de la región.
Al alto oficial militar se le vincula con hechos relacionados a Derechos Humanos.
Tras permanecer declarando en una de las oficinas del segundo piso del cuartel policial por cerca de 4 horas, Cheyre se retiró del lugar a bordo su automóvil y sin hacer declaraciones a la prensa que lo esperaba en las afueras del recinto.
Minutos antes había abandonado del lugar el Magistrado dedicado a temas de Derechos Humanos, Vicente Hormazábal, quien estuvo a cargo del interrogatorio.
El magistrado tampoco quiso hablar con la prensa y sólo se limitó a señalar, ante las preguntas de periodistas, que el ex comandante en jefe del Ejército estaba «resfriado». Tampoco quiso confirmar a qué causa de derechos humanos correspondía este interrogatorio, aunque se supo que se trataría de la querella presentada en 2013 por la Agrupación de ex Menores Víctimas de Tortura patrocinando a las hermanas Yelena y Natasha Monroy, junto a su madre Elena Rodríguez, por presunto delito de secuestro y tortura de las hermanas Monroy en octubre de 1973, cuando aún eran unas bebés.
Estas personas, la madre y sus hijas, estuvieron detenidas en la cárcel para mujeres que funcionaba al interior del convento del Buen Pastor, hoy Colegio Teresa Videla de González, en el paradero cinco de calle Balmaceda, en La Serena. Sin embargo a Cheyre también se le ha vinculado en el caso de un bebé entregado en ese tiempo en custodia a monjas, en La Serena.
