Luego que, el lunes recién pasado, el oficialismo impusiera su mayoría en la Cámara de Diputados para votar favorablemente el último trámite del proyecto de ley sobre fin al lucro, copago y selección en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, el gobierno salió a aplaudir el resultado, el cual terminó con ocho meses de debate y polémica.
Entre otras disposiciones, el texto prohíbe el lucro para los colegios que reciban financiamiento estatal –esto es, tanto los municipalizados como los particulares subvencionados–; elimina los procesos de selección de alumnos, incluso en los llamados “liceos emblemáticos”, como el Instituto Nacional (los cuales podrán elegir sólo al 30% de su matrícula por rendimiento académico); y determina el fin del sistema de cofinanciamiento, eliminando la posibilidad que los padres aporten económicamente a la educación de sus hijos.
El gobernador provincial de Elqui, Américo Giovine, destacó la relevancia de esta aprobación, destacándola como una reforma “imprescindible. Estamos hablando de una reforma que nos va a cambiar importantemente la vida, nos va a colocar en el contexto de los países desarrollados y la justicia social”. Asimismo, afirmó que “cuando esto se transforme en realidad, de aquí a tres años, vamos a darnos cuenta que esta reforma va a ser conveniente para los intereses del país y no de unas pocas personas”.
Consultado en torno a la resistencia que este proyecto despertó en múltiples sectores de la educación –incluyendo a estudiantes secundarios, sostenedores de colegios particulares subvencionados y apoderados de estos mismos establecimientos– y al alto rechazo que presenta en las encuestas, Giovine hizo hincapié en que esta nueva ley “es una de las que más diálogo ciudadano ha tenido. Se hicieron diálogos en toda la región, toda la gente tuvo la oportunidad de dar cuenta, de informar y opinar. Desde el punto de vista del gobierno, esta reforma fue difundida, discutida y transmitida a todos los chilenos”.
Luego, el seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, reiteró el concepto de que esta reforma “establece la educación como un derecho social” y no como “un bien de consumo”, al tiempo que posibilitará “avanzar hacia el término de la desigualdad”.
“Para nosotros es importante que cada peso que el Estado invierte en educación va a ser reinvertido en educación y no va a dar al bolsillo de privados. Además, terminar con la selección, es muy importante, puesto que cuando la discriminación se ejerce contra niños y adolescentes, tiene una doble connotación negativa”, dijo.
El seremi de Educación, Pedro Esparza, explicó que las medidas de este nuevo cuerpo legal se irán implementando gradualmente a partir del año 2016, con un aumento de $ 5.000 en la subvención recibida por los colegios municipales y particulares subvencionados gratuitos, más “una ampliación de la subvención escolar preferencial, de 30 mil a 36 mil pesos”, lo cual irá acompañado por la extensión de este último subsidio hacia familias de los quintiles de ingreso tercero y cuarto, considerados como “clase media”.
“Además, a partir de 2016 se va a implementar un Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, de 250 mil millones de pesos”, señaló.
En 2017 se eliminará la selección para el ingreso de alumnos. “La ley establece que se parte en cuatro regiones con más de 300 mil habitantes y menos de un millón, y con los niveles iniciales del establecimiento: primero básico y primero medio. Al año siguiente, con los demás cursos”.
Esparza informó que se mantuvo el discutido concepto de que el Estado adquiera las infraestructuras de aquellos colegios particulares subvencionados que arriendan sus edificios a terceros, para traspasarlos luego a entidades sin fines de lucro.
