Región redujo la pobreza un 9,75% en dos años, pero se mantiene por encima del promedio nacional

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9bEn sólo dos años, el número de personas viviendo bajo la línea de la pobreza se redujo en casi diez puntos porcentuales en la Región de Coquimbo, demostrando un ritmo más acelerado que el promedio del país, pese a lo cual aún se mantiene por encima de la media nacional.
Estas son algunas de las impresionantes conclusiones que ofrece la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) año 2013, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer por el Ministerio de Desarrollo Social.
El estudio da cuenta del efecto dinamizador que tuvo sobre el país el período de bonanza económica vivido justo hasta el año 2013, merced a los elevados precios alcanzados por las exportaciones de recursos naturales, y en particular por el auge minero (justo lo contrario a lo que sucede actualmente).
Al comparar las cifras de las versiones 2011 y 2013 de la Casen, se observa que en la región la cifra de personas viviendo bajo la pobreza se redujo desde 187.557 (25,94%) a 119.877 (16,19%). Esto representa una caída de 9,75%.
En tanto, la pobreza extrema en la región disminuyó de 9,5% a 5,3%.
En el mismo período, Chile vio caer la pobreza de 22,2% a 14,4%, y la pobreza extrema, de 8,1% a 4,5%.
La paradoja es que, pese a que la región logra una reducción más acentuada que el país en estos índices, sigue siendo una zona rezagada en el contexto nacional.
Sólo dos comunas a nivel regional están bajo el promedio nacional de la tasa de pobreza: Coquimbo y La Serena, ambas con una tasa de pobreza del 12,80%. Las restantes 13 comunas de la región superan el promedio.
Una de las razones del retraso frente a otras regiones radica en que el ingreso del trabajo promedio mensual del hogar es sensiblemente más bajo en la región ($ 551.228) que en el país ($ 629.330), quedando en la séptima posición entre las 15 regiones.
El seremi de Desarrollo Social, Eduardo Lara, destacó que la Casen 2013 incorporó el nuevo método de análisis de pobreza multidimensional, adoptado a partir del año pasado, el cual considera no sólo los ingresos de las personas (tanto autónomos como transferencias del Estado), sino también los aspectos de educación; salud; vivienda; trabajo y seguridad social. Con ello se logra una apreciación más integral y realista de la pobreza.

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