Recursos entregados en 2019 por el FNDR no pudieron ser justificados por un sindicato de pequeños mineros, luego de que cuatro vales vista terminaran cobrados por un funcionario honorario de la Seremi de Minería. A casi cinco años, la planta sigue sin operar y el conflicto judicial sigue abierto.
Por Joaquín López B.
Mediante una Resolución Exenta, fechada el 31 de diciembre de 2019, la Seremi de Minería de ese periodo autorizó la entrega de $115.000.000 al Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza de Canela. Los fondos, provenientes del FNDR, estaban destinados al mejoramiento de un proyecto complementario en la planta procesadora de Canela.
El uso de esos recursos quedó en entredicho cuando, según consta en los antecedentes oficiales, parte de los vales vista emitidos para pagar a la Empresa de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Ltda. fueron cobrados por un funcionario honorario de la propia Seremi, Patricio Bolvarán. De los seis vales emitidos, cuatro —por un total de $72.200.000— fueron depositados en su cuenta personal.
La situación, según indica el documento, fue conocida por el representante regional de Minería en septiembre de 2020, a través de correos electrónicos enviados por el sindicato y reuniones presenciales.
Sin embargo, la denuncia contra el funcionario se presentó casi un año después y solo por «usurpación de funciones», no por figuras como apropiación indebida o estafa.
«La secretaría regional ministerial contrató a Patricio Bolvarán para que prestara asistencia. Él me dijo que, como era pandemia, me podía pasar cualquier cosa, entonces me propuso cobrar los vale vista e ir a pagarle a la empresa», recuerda Israel Barraza, quien presidía el sindicato en esa época. «Nunca me imaginé el engaño que se estaba preparando», lamenta.
Según el testimonio de Barraza, Bolvarán solicitó expresamente que los vale vista fueran emitidos como endosables. Esta modalidad permitió que el funcionario pudiera cobrarlos sin figurar como destinatario directo.
Imposibilidad de rendición y consecuencias
Como los pagos no llegaron a la empresa Portilla Hermanos Ltda. y no se generaron los respaldos tributarios correspondientes, el sindicato no pudo justificar los recursos ante la autoridad.
Esta imposibilidad de rendir fue, según el informe, la principal razón por la que la organización quedó inhabilitada para acceder a nuevos fondos públicos. La empresa proveedora, por su parte, inició acciones legales contra el sindicato.
Acciones posteriores
Desde 2022, la actual Seremi de Minería ha intentado mediar para destrabar la situación. Se realizaron al menos diez reuniones con dirigentes sindicales, así como visitas a terreno, algunas de ellas con presencia de profesionales del Sernageomin y de ENAMI. También se evaluó una transacción judicial que permitiría saldar la deuda mediante la entrega de maquinaria.
En 2025 se oficializó la entrega de $8 millones, provenientes del Ministerio de Minería, para la creación de una nueva cooperativa —la Cooperativa de Servicios Mineros de Canela— que aún se encuentra en proceso de formación.
Mientras tanto, la planta procesadora sigue sin operar y los pequeños mineros de Canela continúan a la espera de una solución que les permita volver a producir.
