Defensores argumentaron que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos ya son querellantes en la causa. Sin embargo, ambos presentarán un recurso de apelación para poder mantenerse en la causa.
A las 10.9 horas inició ayer la audiencia de formalización en torno al Papaya Gate, instancia en que se comunicaron cargos en contra de exfuncionarios del Gobierno regional de Coquimbo, entre ellos la ex intendenta Lucía Pinto, por el delito de fraude al fisco y adicionalmente en contra de otras cinco personas por delito tributario.
De los querellantes, además del Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, el senador Daniel Núñez y el concejal de La Serena Camilo Araya. Sin embargo, ambos no pudieron intervenir –tampoco lo harán hoy cuando finalice la formalización- por lo que apelarán a la decisión del tribunal que acogió la solicitud de los defensores, especialmente de Samuel Donoso, abogado de Lucía Pinto.
«Entendiendo el tribunal que existen además del Ministerio Público dos querellantes institucionales, genera mayor desventaja para la defensa que existan dos querellantes particulares que representan los mismos intereses…», argumentó la jueza Carolina Baroncini.
Recurso de apelación
Si bien estuvieron presentes en la audiencia, más bien lo hicieron de oyentes, «por lo que discrepamos totalmente de lo que resolvió la magistrada y por lo mismo vamos a estudiar y presentar un recurso de apelación para poder mantenernos en la causa, toda vez que la querella se había interpuesto hace bastante tiempo y no se ejercieron los recursos en ese momento», sostuvo el abogado Luis Acevedo, representante del parlamentario.
En segundo lugar, admite que «el artículo 111 del Código Procesal Penal es claro –en señalar- que en todos aquellos casos en que se afecta la probidad o hay un perjuicio fiscal, cualquier persona domiciliada en el lugar de juicio puede interponer una querella…».
Lo que hará ahora es presentar la apelación «y una vez que se resuelva ahí, se decide si nos mantenemos dentro o quedamos excluidos, pero nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones revoque lo resuelto y nos permita mantenernos».
Reconoce que estaba la posibilidad de que la defensa solicitara su exclusión «y por eso nosotros teníamos, por ejemplo, presente las fechas en que fueron presentadas las querellas. No obstante, teníamos la convicción de que el tribunal lo iba a rechazar. Pero es una de las posibilidades que estaba y ahora vamos a ejercer los recursos para que se revoque».
Paula Wustner, abogada del concejal Camilo Araya, se sorprendió po la medida adoptada, especialmente «por la actitud que toma la defensa, toda vez que don Camilo actúa como ciudadano en resguardo del interés que tiene por todos los ciudadanos y el uso de recursos públicos. Y en ese caso vamos a evaluar cuáles son las estrategias que podemos seguir ahora».
Al no poder intervenir como querellantes «no podemos quizás defender la postura que tiene don Camilo respecto a la situación y tampoco vamos a poder tener oportunidad de demostrar cuáles son nuestros argumentos en este caso».