
Entre saludos navideños, el alcalde de Coquimbo Ali Manouchehri, se refirió a la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la destitución de una funcionaria municipal por viajar al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.
Por Javiera Escudero
En el última día de compras, la máxima autoridad de la comuna puerto declaró sobre un tema sensible, que según explicó a mitad de semana, serían temas de la admnistración anterior.
«La verdad que nosotros hemos tomado las medidas administrativas según el informe que emana de la Contraloría General de la República, iniciando los procesos administrativos en el tiempo y en la forma, dando las instancias para que cada uno de los funcionarios tenga la posibilidad de defenderse ante un fiscal», señaló el jefe comunal, subrayando que los procedimientos se han desarrollado con pleno respeto al debido proceso.
Además, añadió que las investigaciones internas derivadas de estos informes han concluido en sanciones que han sido revisadas por la justicia. «Las vistas fiscales que han sido entregadas han arrojado destituciones que han sido validadas también por los tribunales, en este caso por la Corte de Apelaciones», afirmó Manouchehri.
La resolución judicial, dictada el 18 de diciembre de 2025, rechazó el recurso de protección presentado por una trabajadora del municipio, quien buscaba revertir su despido tras un sumario administrativo que acreditó viajes a México y España durante los años 2023 y 2024. En total, la funcionaria permaneció 61 días fuera del país, 50 de ellos mientras hacía uso de licencias médicas.
En su fallo, la Corte concluyó que la municipalidad actuó dentro de sus atribuciones, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad y señalando que el procedimiento respetó las garantías constitucionales de la funcionaria, incluyendo su derecho a defensa.
Desde el municipio recalcaron que estas acciones responden al deber de resguardar la probidad administrativa y el correcto uso de los recursos públicos, enfatizando que las sanciones aplicadas se ajustan a la gravedad de los hechos investigados.






























