Una auditoría externa reveló irregularidades en el manejo de recursos del Servicio de Bienestar de la Atención Primaria entre 2021 y 2023. La Corporación Municipal Gabriel González Videla presentó una querella criminal por apropiación indebida y malversación.
Por Joaquín López Barraza
Una auditoría externa detectó graves irregularidades en el manejo de los fondos del Servicio de Bienestar de la Atención Primaria de Salud (APS) de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, correspondientes al período 2021–2023. El informe, fechado el 30 de marzo de 2023, estableció un perjuicio económico total de $46.433.231, monto que no pudo ser explicado mediante registros contables ni respaldos administrativos.
Según explicó el secretario general de la corporación, Marcelo Gutiérrez, la auditoría revisó los movimientos de cuentas bancarias del Banco Santander y los registros de caja de los años 2021 y 2022, además de enero y febrero de 2023. En ese análisis se detectaron pagos duplicados de bonos, giros mediante cheques sin justificación ni rendición posterior, traspasos de montos significativos a caja sin respaldo de entrega a beneficiarios, y desajustes reiterados entre ingresos y salidas declaradas.
«El informe determinó un faltante que no puede explicarse por un error contable, lo que permite inferir la existencia de conductas orientadas a sustraer o distraer recursos del Servicio de Bienestar APS», señaló Gutiérrez, precisando que se trata de fondos financiados tanto por aportes de los propios funcionarios como por recursos entregados por la corporación municipal, con un destino legal específico para beneficios sociales.
El secretario general agregó que estos antecedentes ya habían sido advertidos con anterioridad, pero que no se les dio curso suficiente en su momento. Fue recién en 2025, en el marco de la implementación del Modelo de Prevención de Delitos y del Canal de Denuncias Corporativo, cuando los hechos fueron formalmente ingresados nuevamente, activándose los protocolos internos de investigación.
«Una vez recibidos los antecedentes por el canal institucional, se procedió a indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes», indicó.
En ese contexto, la corporación interpuso una querella criminal por los delitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos en contra de Paola Quiroga Barrios y Sirly Vicencio González, quienes —según los antecedentes recopilados— mantenían acceso a las cuentas bancarias y formaban parte del directorio del Bienestar durante el período investigado. La Municipalidad de La Serena anunció que se hará parte de la acción judicial.
Respecto del número de funcionarios afectados, Gutiérrez explicó que el perjuicio impacta al conjunto de trabajadores adscritos al Servicio de Bienestar APS, dado que los fondos estaban destinados a beneficios para ese universo.
Sin embargo, precisó que la auditoría fija un faltante global y describe las tipologías de irregularidades, sin individualizar en esta etapa a los socios o beneficiarios específicos.
«Esa identificación requiere un cruce detallado entre el padrón de socios, los respaldos de pagos y las rendiciones, lo que esperamos pueda ser instruido por el Ministerio Público durante la investigación», señaló.
Finalmente, desde la corporación indicaron que se continúa recopilando y sistematizando la totalidad de los antecedentes con el objetivo de esclarecer completamente los hechos, determinar eventuales responsabilidades adicionales y reforzar los mecanismos de control, rendición y trazabilidad de los recursos del Servicio de Bienestar APS, junto con las acciones orientadas a la eventual recuperación de los fondos.
