En medio de las controversias que han marcado las últimas semanas al interior de la Municipalidad de La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena anunció que se comenzarán a aplicar test de drogas aleatorios a funcionarios municipales, medida que — según señaló — busca reforzar los estándares de conducta dentro de la institución.
Por: Valentina Echeverría O.
El anuncio fue realizado durante sesión de concejo municipal, donde la jefa comunal aseguró que «vamos a comenzar a realizar test de drogas aleatorios en esta municipalidad. Un funcionario, un concejal, la alcaldesa, tienen que tener una conducta intachable y tiene que estar en su plena disposición para tomar las decisiones que se deben tomar para la municipalidad. Tenemos que ser un ejemplo».
La alcaldesa precisó que la medida alcanzará a todos los funcionarios bajo cualquier tipo de contrato, además de directivos y autoridades municipales, agregando que «por supuesto cada director o cada persona de mi círculo cercano, al momento de presentarse, va a tener que venir con el resultado del test de droga».
Esta decisión busca evitar que situaciones de este tipo se normalicen dentro de la administración. «No vamos a permitir que este tipo de conductas se relativizan ni se normalicen», indicando que «vamos a robustecer los protocolos y el área jurídica para que exista un mayor filtro frente a estas situaciones».
Dejando asimismo, un mensaje claro para sus trabajadores: «Espero que si algún funcionario se ve inmiscuido en problemas de este tipo, ni siquiera tengamos que aplicar las normativas y nos presenten la renuncia, porque el compromiso es con la ciudad».
Ante cuestionamientos
por silencio institucional
Ante críticas por la ausencia de pronunciamientos más categóricos del municipio frente a denuncias que han involucrado a funcionarios de confianza, el director de Asesoría Jurídica, Rodrigo Álvarez, explicó que en estos casos se debe respetar el principio de inocencia y el debido proceso.
Añadiendo que, desde el punto de vista administrativo, también corresponde instruir un sumario para determinar eventuales responsabilidades, proceso que debe pasar por una etapa investigativa antes de adoptar decisiones definitivas.
Durante el espacio de incidencias del concejo municipal, los concejales Rayen Pojomovsky y Matías Espinoza se refirieron a las denuncias que en las últimas semanas han involucrado a funcionarios del municipio.
Pojomovsky manifestó su preocupación por casos vinculados a trabajadores del municipio y señaló que estas situaciones no deben relativizarse. «La violencia intrafamiliar no es un asunto privado sin relevancia pública, es una grave vulneración de derechos y un problema social que el Estado y también los municipios tienen el deber de condenar con claridad», afirmó.
Espinoza se sumó a sus palabras y sostuvo que este tipo de hechos deben ser rechazados categóricamente. «Un municipio que ha avanzado de forma sostenida en políticas públicas en materia de género no puede, bajo ningún punto de vista, avalar ni relativizar hechos de esta gravedad», señaló.
El concejal agregó que «desearía que se tenga una conversación profunda y seria con las personas designadas en puestos de confianza para evitar que la Municipalidad de La Serena vuelva a verse envuelta en este tipo de situaciones».
