El martes 3 de marzo, una semana antes del cambio de mando presidencial, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, el proyecto de ley que convierte en política de Estado permanente, el Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia iniciado durante el gobierno de Gabriel Boric.
Por: Bastián Álvarez Pardo
El Plan, que desarrolla tareas de búsqueda, identificación y restitución de las víctimas de desaparición forzosa durante la dictadura, así como busca precisar sus causas de desaparición o muerte, quedaría a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hoy liderada por Pablo Mira (RN).
El proyecto, presentado por un grupo de 10 diputados de oposición, entre ellos, 9 del Frente Amplio (FA), considera además, que la Subsecretaría de Derechos Humanos elabore un informe anual con los resultados de su gestión, documento que debe ser remitido al presidente de la República para su análisis.
Y días después, el 17 de marzo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió retirar de la Contraloría General de la República el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, ingresado en diciembre por el ex ministro Jaime Gajardo, con el fin de someterlo a una revisión interna, de la misma forma en que el Ejecutivo lo ha hecho con decretos ambientales y luego, reingresarlo con eventuales cambios.
La diputada Carolina Tello (FA), ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, plantea que «esa decisión puede tener efectos concretos, porque el Plan Nacional de Derechos Humanos es el marco que permite dar continuidad, financiamiento y coordinación a políticas fundamentales, entre ellas la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas».
Además, señaló que «quiero expresar con total claridad nuestro apoyo irrestricto a la defensa y promoción de los derechos humanos, y en particular al derecho a la verdad, la justicia y la memoria» y agregó que «utilizaremos todas las vías institucionales para que el Plan Nacional de Búsqueda se efectúe como corresponde. El Estado tiene la obligación de garantizar continuidad, certeza y compromiso real con la verdad y la dignidad de las personas».
En tanto, la diputada Nathalie Castillo (PC), plantea que «un gobierno no puede atropellar la dignidad de las personas ni relativizar los derechos humanos. Sin embargo, hoy vemos señales preocupantes: se abre la puerta a indultos en casos graves y se instala incertidumbre sobre el Plan de Búsqueda».
