Designado por el Fiscal Regional Patricio Cooper, el persecutor Juan Rubén González encabeza una estrategia de seguridad en los recintos de La Serena y Coquimbo. El despliegue incluye coordinación directa con unidades de Carabineros y el uso de tecnología para robustecer las pruebas ante los tribunales.
Por René Martínez Rojas
La violencia y los ilícitos en el contexto del fútbol profesional han dejado de ser abordados como hechos aislados en la Región de Coquimbo.
Esto, porque desde septiembre de 2024, por disposición del Fiscal Regional Patricio Cooper, el Ministerio Público implementó una fiscalía especializada para dirigir las investigaciones de delitos ocurridos en espectáculos deportivos masivos y mantener la coordinación con los policías que investigan diversos hechos que ocurren en su interior y en los alrededores.
Así, la tarea recayó en Juan Rubén González, fiscal jefe de Andacollo y fiscal de Coquimbo, quien ha asumido el rol de coordinar la estrategia legal directamente desde los estadios de la conurbación y que no se limita solo a la revisión de informes posteriores, sino que demanda su presencia en los estadios La Portada y el Francisco Sánchez Rumoroso.
Desde entonces, González ya ha liderado operativos en encuentros de alto riesgo, como el clásico regional, así como el duelo entre el cuadro pirata y la Universidad de Chile.
Coordinación en terreno y tecnología
Para la fiscalía, el éxito de la persecución penal comienza horas antes del pitazo inicial.
“Por lo general, en este trabajo nos coordinamos temprano con la autoridad policial y los encargados de seguridad. Podemos ver la realidad de lo que ocurre y la gran cantidad de recursos que se usan para el despliegue y prevención de los delitos, como para también comprender las dinámicas que ocurren y tener elementos para presentar los casos ante el juez de garantía”, explicó.
El centro de operaciones se ubica, frecuentemente, en la zona de monitoreo de cámaras. Desde allí, obtiene una visión panorámica que facilita la coordinación con unidades especializadas de Carabineros, como la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y funcionarios encargados del seguimiento de barras a nivel central.
“Hemos visto cómo, una vez ocurrido un delito tal como lanzamiento de fuegos de artificio, las diligencias que realiza Labocar son fundamentales para no perder de vista a los infractores”, relató González, subrayando que esta experiencia en terreno es vital para sustentar los casos con evidencia sólida ante el juez de garantía.
Hasta conductores sin licencia
El abanico de delitos procesados bajo esta modalidad es amplio. El fiscal ha debido revisar casos que incluyen desde el porte y lanzamiento de pirotecnia -una de las faltas más recurrentes y peligrosas- hasta intentos de agresión a personal policial.
Incluso, la vigilancia se extiende a los alrededores de los estadios. Uno de los casos recientes involucró la detención de una mujer que conducía sin licencia un minibús que transportaba a hinchas, demostrando que la fiscalización abarca todo el entorno del evento deportivo.
Aunque el fiscal indica que actualmente no se han presentado hechos de extrema gravedad que requieran controles de detención inmediatos en cada jornada, la alerta es constante. Por lo mismo, el Ministerio Público pone especial énfasis en un punto clave: la premeditación.
“Es una agravante ser integrante de un grupo organizado para la realización de los ilícitos”, advirtió.
Con esto, se asegura que la presencia de la fiscalía en los estadios no solo busca reaccionar, sino también prevenir y sancionar con mayor rigor a quienes empañan el espectáculo deportivo en la zona.
