Tras su intervención en la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, la autoridad destacó el éxito de la «Operación Delta» en Ovalle como un ejemplo del trabajo territorial. Como objetivo, apunta a desarticular las bandas organizadas mediante la fiscalización de la «ruta del dinero» y el endurecimiento de las penas para quienes blanquean el cobre sustraído.
Por René Martínez Rojas
A poco más de dos meses de haber asumido el cargo, el delegado presidencial Víctor Pino ha puesto como prioridad absoluta el combate a un delito que afecta la calidad de vida en la Región de Coquimbo: el robo de cables.
Esto, porque además la zona lidera el ranking nacional por culpa de este ilícito, que ha impactado no solo la conectividad eléctrica, sino también el suministro de agua en sectores rurales APR y la seguridad de pacientes electrodependientes, «y eso no lo vamos a tolerar», aseguró.
Si bien durante 2025 el epicentro de la sustracción fue en la comuna de La Higuera –en el límite con Atacama-, ahora el mapa delictual se desplazó justamente hacia el Limarí.
Del escritorio
al territorio
Fue la semana pasada cuando asistió a la Comisión de Energía y Minería en el Congreso para exponer la gravedad de la situación, toda vez que el Presidente Kast «nos ha pedido énfasis en la seguridad y para nosotros este tema es fundamental, porque no podemos permitir que la delincuencia perjudique a la gente de trabajo», señaló.
De hecho, uno de los hitos destacados por el delegado es la reciente «Operación Delta» en Ovalle, un operativo conjunto entre la PDI y la Fiscalía que logró desbaratar una organización criminal que operaba en sectores como Socos y Barraza. El resultado fue contundente: cinco imputados tras las rejas en prisión preventiva.
«Lo que vimos en Ovalle –viernes pasado- es el resultado concreto de pasar de la planificación en el escritorio a los resultados reales en el territorio», afirmó, subrayando que estas bandas no solo atacan el tendido eléctrico, sino que a menudo están vinculadas al tráfico de drogas y armas, elevando el nivel de peligrosidad para las comunidades rurales en la provincia del Limarí.
Marco
regulatorio
Aprovechando su experiencia previa como presidente de la comisión investigadora sobre este delito en 2025 cuando era diputado, el hoy delegado planteó ante los parlamentarios la necesidad de herramientas reales de fiscalización. Según la autoridad, actualmente es «muy fácil blanquear el metal robado», por lo que urge implementar registros digitales obligatorios para la compra y venta de cobre.
«Necesitamos un marco regulatorio estricto, con registros digitales obligatorios para la compra y venta de cobre, y que la ley castigue con penas de cárcel efectivas a las grandes bandas que lucran con esto, mueven el cobre por las carreteras y lo terminan exportando ilegalmente».
Por eso, el objetivo de su visita al Congreso fue «para visibilizar el drama de la región a nivel nacional y exigir leyes mucho más duras. Fui a plantear con fuerza ante los parlamentarios que esto ya no es un simple hurto material, sino que hoy estamos enfrentando a verdaderas mafias organizadas que atentan contra la seguridad de nuestra región», enfatizó.
Respecto de cómo se avanza en el combate a este tipo de delitos, sostuvo que «avanzamos sin soltar el acelerador y cerrándole el paso a la impunidad».
Precisamente el éxito en la comuna de Ovalle «es un gran impulso, pero ahora viene la parte clave, que es seguir la ruta del dinero y fiscalizar con fuerza los camiones que transportan chatarra por nuestras carreteras. Además, seguiremos exigiendo a las empresas distribuidoras que inviertan en mejor tecnología y resguardo de su infraestructura».
