Autoridades del Minvu y el municipio de La Serena apuntan a «errores administrativos heredados» como la causa del retraso que afecta a 213 familias de cuatro comités.
Por René Martínez Rojas
Qué duda cabe que la incertidumbre se ha transformado en la tónica diaria para las familias de comités de vivienda. En La Serena, en el sector oriente.
Porque pese a contar con sus subsidios habitacionales desde el año pasado, el inicio de las obras del proyecto La Florida -en la esquina de calle Raúl Bitrán con Avenida Las Parcelas- permanece en punto muerto. ¿La razón? Una traba administrativa y jurídica vinculada a la delimitación de los terrenos.
Por eso que dirigentes de tres comités –de cuatro- llegaron hasta las oficinas del Serviu para entender el porqué de las promesas incumplidas. En la instancia fueron recibidos por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, quien salió al paso de las críticas reconociendo que la situación es «incómoda», pero necesaria de abordar para dar garantías a largo plazo. Según la autoridad regional, el proyecto arrastra deficiencias estructurales desde su concepción.
«Estas familias cuentan con subsidios habitacionales que fueron otorgados el año pasado, pero lamentablemente la promesa de la compra del terreno con la cual ellos postularon al proyecto tiene errores administrativos importantes, problemas de deslinde, lo que imposibilita hoy poder dar inicio a estos trabajos», explicó Cuadra. Y fue enfático en señalar que estos inconvenientes fueron «heredados de la administración anterior», obligando a la gestión actual a buscar fórmulas para justificar administrativamente el traspaso de los terrenos bajo estándares legales vigentes.
Agregó que han estado trabajando desde el día uno con la alcaldesa de La Serena «para poder dar una solución y estamos en esa etapa, en la cual tenemos que justificar administrativamente el traspaso de estos terrenos para entregarle una solución definitiva a las familias».
El factor legal:
El último obstáculo
Desde el municipio han intentado agilizar los procesos a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN). Su director Abel Espinoza detalló que el trabajo de los últimos meses ha permitido despejar parte del camino, aunque el componente jurídico sigue siendo el más rígido.
«Tenemos la solución normativa y la solución técnica. Lo que corresponde ahora es la solución legal, donde se dieron algunos plazos para que los equipos jurídicos municipales, del Serviu y los propietarios del terreno puedan llegar a un acuerdo en una estrategia para destrabar definitivamente este proyecto», manifestó.
El objetivo de estas mesas de trabajo es lograr que los proyectos municipales y habitacionales convivan en el mismo sector sin conflictos de propiedad o límites territoriales en el futuro, un problema que, según el municipio, nace de acuerdos previos mal ejecutados.
«Lo importante es que tras la reunión pudimos llegar a algún acuerdo de fechas y es lo que a ellos les interesa para poder destrabar este problema que en realidad es heredado de acuerdos anteriores».
Familias en alerta
Para los beneficiarios, el tecnicismo administrativo se traduce en una espera angustiante. Sissy Delgado, dirigenta del comité «Todos por un sueño», expresó el sentir de los socios tras los constantes cambios de fecha, «así que esperamos con ansias que realmente se concrete nuestro proyecto y se gestione lo que se debe gestionar para solucionar esta problemática del terreno».
Por ahora, todas las fichas están puestas en el próximo lunes 15 de junio, día en que las autoridades volverán a reunirse con los comités para presentar la hoja de ruta administrativa y jurídica para las 213 viviendas.
