Durante años, el caso se construyó a través de informes de Contraloría, pericias, movimientos bancarios y un sinnúmero de páginas de investigación. Esta semana, fueron los propios acusados quienes comenzaron a contar su versión, en medio de una estafa de $762 millones que hoy los tiene sentados en el banquillo.

Por: Valentina Echeverría O.

La primera semana del juicio por el fraude en la Corporación Gabriel González Videla estuvo marcada por confesiones, acusaciones cruzadas y relatos que permitieron reconstruir parte del mecanismo investigado en el Departamento de Salud.

Sin embargo, lejos de aclarar todas las dudas, las declaraciones abrieron nuevas interrogantes sobre quién ideó el sistema, cuándo comenzó realmente y qué rol cumplió cada uno de los involucrados.

Durante cinco jornadas comparecieron los principales imputados de la causa, entre ellos la excoordinadora de salud, Nicole Cadena, su pareja, Cristian Muñoz, la exsecretaria de salud, Bélgica Guerra y varios de los llamados «boleteros», personas que reconocieron haber facilitado cuentas bancarias, claves tributarias o identidades para la emisión de boletas por trabajos que nunca se realizaron.

El origen en disputa

Una de las principales contradicciones de la semana surgió entre Nicole Cadena y Bélgica Guerra.

Mientras Cadena, con un carácter firme y un relato continuo, aseguró que el mecanismo ya existía antes de su llegada y apuntó a Guerra como quien lo habría iniciado. La exsecretaria del Departamento de Salud, quien por momentos se quebrara al mencionar a sus padres y mostró dudas al referirse a algunos episodios, sostuvo que fue Nicole quien le propuso incorporarse al sistema a fines del 2019.

La discusión también alcanzó las fechas. Mientras parte de los testimonios situaron el inicio de los hechos hacia fines de 2019, Marcos Seura — único «boletero» que se encuentra en prisión preventiva — relató que comenzó a participar en la dinámica durante 2018, tras una propuesta realizada por Carolina Martínez. Asimismo, Martínez declaró que habría ingresado al sistema de boletas falsas por su relación con Bélgica.

Para el abogado Pedro Orthusteguy, defensor de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, este último antecedente es una de las principales conclusiones que dejó la semana. «Hay un antecedente muy relevante para los ciudadanos de La Serena, que es la revelación de que este mecanismo venía ocurriendo mucho antes de que Nicole Cadena y Cristian Muñoz se involucraran», afirmó.

¿Qué sabía
Cristian Muñoz?

Otra de las interrogantes que marcó las jornadas fue el rol de Cristian Muñoz dentro del mecanismo investigado.

Mientras Nicole Cadena insistió en que su marido no tenía participación directa en la operatoria, el publicista Carlos Rodríguez declaró que fue el propio Muñoz quien le pidió facilitar boletas y claves tributarias, además de entregarle instrucciones respecto al destino de los dineros que recibía.

La Fiscalía también confrontó a Bélgica con declaraciones anteriores prestadas tras su detención, luego de que durante el juicio intentara marcar cierta distancia respecto a Cristian Muñoz, indicando que pocas veces lo veía, solo cuando iba a buscar a Nicole al trabajo.

Entre los pasajes leídos en sala figuraba una reunión pasada, sostenida entre los tres acusados y una conversación donde, según aquella declaración previa, Bélgica aseguró: «Cristian me dijo que yo tenía que saber que si algún día pasaba algo, él se iba a tirar contra mí y me iba a echar la culpa, yo le dije que si yo caía, íbamos a caer todos».

Que viene

Para el abogado querellante de la Municipalidad de La Serena, Adrián Vega, la primera semana permitió confirmar aspectos esenciales de la investigación. «Los hechos están claros. Hubo servicios no prestados, hubo boletas falsas y hubo recepción de dinero», sostuvo.

A juicio del querellante, la discusión de las próximas semanas estará centrada en determinar la responsabilidad específica de cada acusado y acreditar delitos como asociación ilícita y lavado de activos.

Por su parte, Román Zelaya, defensor de Bélgica Guerra y Marcos Seura. Según explicó, la declaración de Guerra tuvo como objetivo reconocer su participación y colaborar con el esclarecimiento de los hechos, pero también delimitar responsabilidades. «Ella acepta las consecuencias que eso debe tener. Sin embargo, la acusación contiene delitos por los cuales a nuestro juicio no debe ser sancionada», señaló.

Con las declaraciones de los imputados ya sobre la mesa, las próximas semanas estarán marcadas por pericias contables, informes financieros y testimonios de funcionarios de Contraloría. Será entonces cuando el tribunal deberá comenzar a responder las preguntas que la primera semana dejó abiertas.