Firmas falsificadas y transferencias entre imputados marcan tercera semana de juicio CGGV

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Peritajes expuestos ante el tribunal atribuyeron rúbricas falsas a Nicole Cadena y Bélgica Guerra, mientras un análisis bancario reconstruyó un recorrido de más de $762 millones y reveló reiterados movimientos entre acusados.

Por: Valentina Echeverría O.

La atribución de presuntas firmas falsas y la reconstrucción del recorrido de más de $762 millones pagados por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, específicamente desde el Departamento de Salud, marcaron este lunes el inicio de la tercera semana del juicio oral por el presunto fraude que afecta a la entidad.

Mientras la perito documental y caligráfica de la Policía de Investigaciones, Viviana Herrera, concluyó que diversas firmas incorporadas en informes y otros antecedentes fueron falsificadas y atribuyó parte de ellas a Nicole Cadena y Bélgica Guerra, la perito del Ministerio Público, Ángela González, reconstruyó el recorrido de más de $762 millones pagados por la corporación entre 2020 y 2021, exponiendo transferencias entre parte de los involucrados.

Más de $762 millones
bajo análisis

Según la perito del Ministerio Público a cargo del análisis bancario, la Corporación Municipal efectuó pagos por más de $762 millones a 19 personas investigadas. Del total de más de $360 millones corresponden a 2020 y más de $402 millones a 2021.

Ángela González, explicó que para elaborar su informe revisó antecedentes tributarios, certificados de pago emitidos por la corporación, cartolas bancarias y documentación obtenida mediante autorizaciones judiciales para el levantamiento de información financiera.

Asimismo, sostuvo que el examen permitió identificar distintos patrones de comportamiento financiero. Entre ellos, personas que recibían pagos directamente desde la corporación, otras que actuaban como intermediarias y destinatarios finales que concretaban parte importante de las transferencias posteriores.

Millonarias transferencias
a Muñoz y Guerra

González expuso una serie de flujogramas que, según la Fiscalía, muestran cómo parte de los recursos pagados por la corporación fueron posteriormente transferidos entre distintos destinatarios involucrados, incluyendo reiterados movimientos hacia Cristian Muñoz y Bélgica Guerra. Según el Ministerio Público, estos antecedentes permiten reconstruir el destino de los fondos una vez depositados.

De los casos expuestos, existió uno de los funcionarios que, según la investigación, habría sido incorporado por Nicole Cadena al mecanismo investigado, quien, según el análisis, recibió más de $95 millones desde la corporación y posteriormente registró transferencias cercanas a $88 millones hacia Cristian Muñoz. También se presentó otro caso de una funcionaria, desde cuya cuenta se identificaron transferencias por más de $61 millones mes a mes al mismo destinatario.

La perito describió además el caso de Silvia Bastías, imputada de la causa, quien habría recibido recursos provenientes de la corporación para luego transferir más de $39 millones a Bélgica Guerra. Asimismo, señaló que la cuenta registraba giros en efectivo por aproximadamente $7 millones.

Imputados que concentraron
los mayores ingresos

La perito también detalló los pagos que, según el análisis de cuentas bancarias, antecedentes tributarios y comprobantes de pago, recibió cada una de las 19 personas investigadas entre 2020 y 2021.

Entre los montos más altos figura el de un funcionario, quien habría percibido $95.721.738 durante el período analizado. Le sigue Rodrigo Vallejo con $76.803.752, mientras que Carlos Rodríguez aparece con ingresos por $58.091.979.

La lista continúa con Natalia Vallejo con $40.246.200; Marco Seura con $38.557.464; Hugo Valenzuela con $38.426.640; Carolina Martínez con $38.395.800; María José Ortiz con $38.392.532 y Marcelo Rivera con $38.042.670. También figura otro funcionario con $32.919.859 y Patricia García con $20.634.375.

Vínculos familiares,
empresas y flujo de recursos

También sostuvo que el análisis financiero permitió identificar relaciones entre algunos de los imputados, sus familiares y sociedades vinculadas a ellos, las que también quedaron reflejadas en las transferencias bancarias examinadas durante la investigación.

Uno de los flujogramas exhibidos por la Fiscalía identificó a Rodrigo Vallejo como receptor de recursos provenientes tanto de la corporación como de otros investigados. Según expuso González, recibió cerca de $26 millones desde Natalia Vallejo y otros $4 millones desde Carolina Martínez, para posteriormente efectuar transferencias a Bélgica Guerra y Cristian Muñoz.

En ese mismo esquema, la perito indicó que Rodrigo Vallejo transfirió aproximadamente $72 millones a Bélgica Guerra, quien posteriormente registró transferencias por cerca de $111 millones a Cristian Muñoz. La profesional señaló que estos movimientos permitían observar vínculos familiares y financieros entre distintos involucrados.

La exposición también abordó movimientos asociados a sociedades vinculadas a algunos de los acusados. Uno de los casos revisados fue el de Carlos Rodríguez, quien recibió más de $58 millones y posteriormente efectuó transferencias superiores a $54 millones a Cristian Muñoz.

González indicó además que Rodríguez registró ingresos provenientes del propio Muñoz por más de $7 millones y desde Vital Medical Center SpA – donde prestaba servicios — por otros $2,8 millones aproximadamente. Según declaró ante el tribunal, dicha sociedades pertenece en un 100% a Cristian Muñoz.

Firmas falsas en documentos

Por otro lado, la perito documental y caligráfica de la PDI, Viviana Herrera, concluyó que múltiples firmas contenidas en informes de actividades y otros documentos asociados a prestadores de servicios eran falsas, atribuyendo parte de ellas a Nicole Cadena y Bélgica Guerra.

Herrera explicó que su informe se elaboró a partir del análisis de 64 documentos, entre ellos informes mensuales de actividades, boletas de honorarios y otros antecedentes vinculados a 19 prestadores de servicios de la Corporación Gabriel González Videla.
La especialista comparó las firmas contenidas en dichos documentos con muestras caligráficas obtenidas de los involucrados y con registros biométricos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Entre los casos expuestos ante el tribunal, la perito señaló que algunas firmas atribuidas a Silvia Bastías, un trabajador de la corporación y Carlos Rodríguez presentaban una «común procedencia escritural» con la muestra caligráfica de Nicole Cadena. Asimismo, indicó que firmas asociadas a Silvia Bastías y Patricia García fueron atribuidas a Bélgica Guerra.

Herrera precisó que en otros documentos sí fue posible determinar la falsedad de las firmas, pero no establecer quién las confeccionó. Según explicó, ello ocurrió principalmente en aquellos casos donde las rúbricas eran breves, ilegibles o no contaban con suficientes elementos gráficos para realizar una comparación concluyente.

Tras la exposición, la defensa de Nicole Cadena cuestionó parte de la metodología empleada en el peritaje y planteó reparos respecto de los márgenes de error asociados a este tipo de análisis, preguntando si la perito conocía el margen de error que podría tener esta. Herrera contestó que no manejaba una cifra específica respecto a eventuales márgenes de error, aunque ratificó las conclusiones contenidas en su informe.