Fue este martes que el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
Por René Martínez Rojas
La propuesta busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. En total, contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, establecer nuevas medidas contra el crimen organizado y fijar restricciones para quienes sean condenados por delitos asociados a este tipo de estructuras.
La iniciativa, sin embargo, ha generado un amplio debate político y no cuenta con respaldo transversal. En la región, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que existe consenso respecto de la necesidad de combatir al crimen organizado, pero cuestionó el alcance de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
«Todos estamos absolutamente de acuerdo en que hay que combatir el crimen organizado y que hay que combatir a las mafias. Pero lo que el Gobierno del señor Kast nos está planteando es otra cosa. Kast lo que le está planteando al país es que este Congreso le entregue poderes sin ningún tipo de control. Eso es un riesgo para la democracia y es un riesgo para la gente», afirmó.
A su juicio, la propuesta podría abrir la puerta a una concentración de poder incompatible con el sistema democrático.
«Creemos que el camino contra el crimen organizado es otro y, por eso, vamos a presentar una batería de proyectos de ley en la línea de combatir la delincuencia real», señaló.
Críticas desde
el PPD
Desde el Partido por la Democracia (PPD), su secretario regional Felipe Barraza, sostuvo que Chile necesita una política de seguridad efectiva, pero aseguró que la reforma no resolvería los problemas que enfrenta actualmente el país.
«Chile exige seguridad real, persecución efectiva del crimen organizado y resguardo de las calles. Sin embargo, este proyecto le miente al país: el deber del Estado de proteger a las personas ya existe en la Constitución actual», planteó.
Además, «cambiar la constitución no otorga mayor inteligencia a las policías ni soluciona la crisis, solo buscar tapar la falta de gestión del gobierno», acusó.
Sulantay compromete respaldo
Desde el oficialismo, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) expresó su respaldo a la iniciativa y aseguró que la apoyará durante su tramitación legislativa.
«Estoy absolutamente de acuerdo con la reforma de seguridad ingresada por el Presidente Kast al Senado. La vamos a apoyar sin matices, con absoluta claridad y con la convicción de comprender qué es lo que Chile necesita», sostuvo.
El parlamentario reconoció que el proyecto podría experimentar modificaciones durante la discusión en el Congreso, pero recalcó que sus objetivos centrales deben mantenerse.
«Evidentemente habrá debate. Es posible que algunas iniciativas se adapten o, derechamente, se modifiquen, pero lo más importante es mantener los objetivos centrales y la inflexibilidad en el combate frontal a la delincuencia y el crimen organizado», agregó.
PNL pide cambios
Una posición crítica, aunque desde otro sector político, manifestó Erich Grohs, representante del Partido Nacional Libertario, quien afirmó que la colectividad no respaldará la reforma tal como fue presentada.
«Tal como está, la reforma constitucional de seguridad no cuenta con nuestro respaldo. Desde el Partido Nacional Libertario exigimos cambios sustanciales que devuelvan el orden y den herramientas reales a nuestras fuerzas del orden y seguridad pública», señaló.
Y agregó que «ojalá el Gobierno escuche las propuestas que hemos puesto sobre la mesa y corrija el rumbo, porque los chilenos no pueden seguir esperando soluciones parche que no resuelven la crisis de fondo».
