El diputado Daniel Manouchehri analizó el escenario tras los temporales en Coquimbo, la falta de recursos inmediatos para la reconstrucción y la polémica por la propuesta de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Por Joaquín López Barraza
Una semana marcada por la discusión presupuestaria y las críticas al manejo de la emergencia deja la contingencia regional. Luego de las mesas de trabajo en el Ministerio de Hacienda, el diputado socialista Daniel Manouchehri fija su postura frente a las soluciones del Gobierno, la reforma constitucional en materia de seguridad y la coyuntura política local.
-Diputado, ¿qué le parece esta voltereta del Gobierno? Primero se dijo que la reconstrucción de Coquimbo se vería recién en la Ley de Presupuesto y ahora se anuncia que se usarán fondos de emergencia para no esperar.
Nosotros tenemos una visión crítica y creemos que el Gobierno durante la emergencia llegó tarde y llegó mal. Llegó con el Estado de Catástrofe cuando ya se estaban contando los muertos.
Por tanto, nosotros esperamos que esta vez el Gobierno rectifique y haga las cosas bien. Nosotros le hemos planteado al Ejecutivo que todavía no es capaz de hablarnos de la magnitud del daño de los temporales. En primer término, el Ministro de Obras Públicas señaló que esto pudiese sobrepasar los 700 millones de dólares, y las soluciones que el Gobierno ha planteado no hablan de la magnitud del daño y de lo que se requiere de inversión para la reconstrucción.
–¿Están ofreciendo menos?
Sí. El Gobierno hasta el momento lo único concreto que ha hecho es señalar que hay un dinero del BID y de la CAF por aproximadamente 450 millones de pesos, cuando solo la reconstrucción de la región puede costar sobre los 500 millones de dólares.
Es decir, esa cifra no alcanza ni el 1% de lo que se requiere. Pero además creemos que el mecanismo que se está proponiendo no es bueno para nuestra región, porque supeditarlo a la Ley de Presupuesto nos va a obligar a que año a año tengamos que ir a la discusión nacional respecto de una reconstrucción. Esto es claramente un incumplimiento, porque lo que el Gobierno señaló en algún minuto es que los recursos estaban para la reconstrucción.
–¿Qué tanta incidencia puede tener usted en la mesa de reconstrucción, siendo un parlamentario de oposición y considerando que el Gobierno ha mostrado poca disposición a incorporar sus propuestas?
El Gobierno no solo no escucha a la oposición, tampoco escucha a los parlamentarios oficialistas. Lo que nosotros vimos fue que los parlamentarios del oficialismo terminaron no consiguiendo nada, y eso no es responsabilidad de los parlamentarios, sino de un Gobierno que no escucha.
–Usted dice que los parlamentarios no consiguieron nada, ¿se refiere al senador Matías Walker?
No quiero personalizarlo, hay más parlamentarios además de Walker que yo no diría que están con el gobierno de la derecha. Lo que quiero señalar es que, habiendo parlamentarios que son de Gobierno y de la región, finalmente el Ejecutivo no se ha movido ni una línea de lo que planteó desde el primer minuto: que no iban a haber recursos frescos este año para la reconstrucción y que esto se iba a ver en la Ley de Presupuestos. En la mesa a la que nos invitaron solo se señaló que en cinco semanas más nos íbamos a volver a juntar para ver cuál era el catastro, y al final no hubo nada nuevo.
–¿No se le ha cargado la mano a los municipios? Tienen que hacerse cargo de arreglar las calles, realizar las fichas, entregar ayudas a las personas y además hacer el catastro de los daños.
El Gobierno tiene la responsabilidad de saber cuáles son los daños de la infraestructura que ellos tienen a cargo. El Ministerio de Obras Públicas tiene una cantidad importante de infraestructura a su cargo, que probablemente va a ser la más cara de reparar, pero además tiene la responsabilidad de generar una nueva infraestructura para que un próximo temporal no la vuelva a afectar.
Tratar de responsabilizar a los municipios, más aún cuando hay municipios cuya capacidad logística es muy menor —con oficinas de una o dos personas— no corresponde. Esperaríamos que el Gobierno tenga la seriedad absoluta y entienda que ellos son los que están a cargo del país y de la región.
«Demuestra un espíritu de menosprecio a la democracia»
–Pasando ahora a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo, ¿qué es lo que más lo acompleja de la propuesta?
Los autoritarismos siempre empiezan con presidentes solicitando poderes extraordinarios. Y lo que hoy se está solicitando es un Estado de Excepción de 240 días sin aprobación del Congreso para poder restringir reuniones, intervenir comunicaciones, requisar bienes y limitar el desplazamiento de las personas.
Por tanto, creemos que estas son prerrogativas que más bien, de otorgárseles, abrirían la puerta para un régimen autoritario en este país, solicitando no pasar ni siquiera por el Congreso para hacer uso de ellas.
–¿Cree que esto pone en tela de juicio las credenciales democráticas del Presidente?
Yo creo que es una propuesta que busca entregar facultades para poder instaurar un régimen autoritario. Demuestra un espíritu de menosprecio evidente a la democracia, al Congreso y una visión autoritaria de la sociedad. Demuestra por qué cuando se habla de que este es un gobierno de ultraderecha, eso no es un insulto, sino una descripción.
