La medida será discutida en una audiencia programada para los próximos días y busca evitar que la causa prescriba mientras continúan las gestiones para extraditar desde Venezuela al principal imputado por el crimen.
Por René Martínez Rojas
El 3 de abril del año pasado Ana María Pizarro (56) salió de su domicilio en el sector de Las Compañías para no regresar. Desde entonces, su familia inició una angustiosa búsqueda que terminó 16 días después, cuando su cuerpo fue encontrado desmembrado en un sitio eriazo de la capital regional.
A más de un año del crimen, la causa judicial permanece marcada por la incertidumbre. El principal imputado, Medina Ladera, fue detenido en Venezuela semanas después y actualmente enfrenta cargos por el femicidio íntimo de Pizarro y por el homicidio calificado de María José Zambra, ocurrido en 2019.
Hasta ahora, las gestiones para concretar su extradición se han visto entrampadas por la falta de una contraparte diplomática activa en Venezuela. Sin embargo, esta situación podría cambiar luego de que Chile designara a un cónsul en Caracas tras dos años de ruptura diplomática.
Ana María Araya, abogada y representante de la familia Pizarro, explicó que la etapa judicial del procedimiento de extradición ya se encuentra cumplida, «pero los procesos de extradición tienen necesariamente un componente diplomático», señaló.
Y en cuanto a las relaciones entre ambos países, la ausencia de un atestado diplomático en el país requerido «hacía imposible poder avanzar más allá de los oficios o de aquello que se había podido lograr a partir de las órdenes que la Corte de Apelaciones había dado».
Un nuevo escenario
Para la abogada, la designación del cónsul representa la posibilidad de reactivar una comunicación oficial con las autoridades venezolanas y de canalizar formalmente las solicitudes relacionadas con la extradición.
«El problema es que no teníamos la contraparte diplomática activa en Venezuela. Todo nuestro proceso avanzó, pero se encontró en un nudo crítico: a quién le pedimos que siga esto en Venezuela», explicó.
Por ello, consideró que la presencia del representante en Caracas «implica necesariamente la posibilidad de tener una contraparte que, con la misma calidad diplomática, pueda recibir nuestras solicitudes y canalizarlas a través de las autoridades venezolanas».
De todos modos, Araya advirtió que esto no garantiza que la extradición vaya a concretarse. A su juicio, todavía persisten obstáculos vinculados con la legislación y la institucionalidad venezolana.
«No podemos asegurar que la Constitución Bolivariana, que es el otro freno que tenemos, vaya a tener un resultado 100% asegurable. Pero es un gran escoyo que se ha sorteado», manifestó.
Buscan evitar
la prescripción
En concreto, admite que no tener un agente chileno en Venezuela impedía cualquier tipo de avance, desde la óptica diplomática.
Y desde la arista judicial, reconoce que hay una audiencia programada para los próximos días, en la que se pedirá un sobreseimiento parcial, «y que dice relación que por orden judicial se suspendan los plazos tanto de la investigación como con la prescripción».
Un paso importante, «porque en Chile la investigación por ley debe durar dos años, salvo situaciones muy excepcionales. Y ya estamos en el año cuatro meses, entonces es muy importante poder detener este correr del tiempo, desde una orden judicial para congelar, en términos bien simples, la causa y evitar que prescriba por el transcurso del tiempo».
Es decir –explica- es como una garantía para las partes y de esta manera seguir manteniendo esto sin que se pierda por una acción que sea ajena a la voluntad de todos.
«Y la audiencia trata eso, de decretar un sobreseimiento temporal que implique suspender el cómputo de los plazos y que permita mantener vigente la causa»
Gestiones
particulares
en Venezuela
Mientras no existía una vía diplomática formal, la parte querellante realizó por sus propios medios diversos contactos con abogados venezolanos para conocer la situación de Medina Ladera y obtuvieron información que apunta a que el imputado sí permanece detenido en virtud de una orden de Interpol.
«Son gestiones particulares que no tienen un contraste o un respaldo oficial, pero las hemos hecho en tres o cuatro oportunidades y ha sido la misma respuesta. Por lo tanto, para nosotros la información es esa».
