Una masiva serie de medidas intrusivas desplegadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) convulsionó esta jornada el escenario político institucional del país.
Por Joaquín López Barraza
La indagatoria, orientada a esclarecer presuntos delitos de corrupción en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), sumó un capítulo directo en la zona tras la incautación de documentación y dispositivos electrónicos desde el despacho del senador por la Región de Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), en el Congreso Nacional.
El operativo —que movilizó a más de 80 efectivos policiales de la Brigada de Delitos Económicos, la Brigada Anticorrupción y la Brigada contra el Medio Ambiente en ciudades como Santiago, Iquique, Copiapó, Coyhaique y La Serena— derivó de una orden judicial de entrada y registro en más de diez domicilios e instalaciones clave, entre ellas las oficinas centrales de Junaeb en la capital y el Poder Legislativo en Valparaíso.
La fiscal a cargo de la causa, Constanza Encina, confirmó la concreción del procedimiento en la sede legislativa respecto al senador Gahona y al legislador independiente Miguel Ángel Calisto: «En este caso, la solicitud que se efectuó con los parlamentarios tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en cohecho», explicó la persecutora.
Asimismo, Encina detalló que la causa fue declarada reservada e indaga la eventual comisión de delitos de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.
Aunque el foco inicial de las irregularidades se concentró en la Región de O’Higgins —donde se investigan pagos por hasta $14 mil millones a la empresa SOSER S.A. por raciones alimenticias presuntamente no entregadas—, la Fiscalía advirtió que el esquema podría haberse replicado en otras zonas: «Creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país», afirmó.
Por su parte, el prefecto David Castro, jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, calificó el procedimiento como una labor multidisciplinaria exitosa que permitió incautar teléfonos móviles, computadores y documentación de alto valor probatorio.
Junaeb apunta a «cosas oscuras»
Tras la concreción de los allanamientos, el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, abordó la contingencia calificando el surgimiento de esta arista política como un hecho de gravedad.
«Es un dato nuevo y preocupante, que es la situación parlamentaria y congresista, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos (…). Yo espero que ojalá esto se aclare, se investigue, y que por favor se termine este círculo vicioso de años, de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb», sostuvo la autoridad nacional, remarcando que existen elementos suficientes para indagar eventuales delitos de corrupción.
Tras el procedimiento ejecutado en su oficina parlamentaria, el senador Sergio Gahona emitió una declaración pública fijando su posición frente a las acciones del Ministerio Público.
En el escrito, el representante gremialista de la Región de Coquimbo manifestó su plena disposición a colaborar con la justicia: «Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad».
El parlamentario añadió que, junto a su equipo jurídico, adoptará todas las medidas conducentes a esclarecer los hechos investigados: «Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario», concluyó.
