María José Rojas cuestiona que el Gobierno aborde las solicitudes como una revisión administrativa y reclama un mayor espacio para las víctimas y sus familias en la discusión.
Por Joaquín López Barraza
Más de 100 solicitudes de indulto se encuentran actualmente en análisis en el Ministerio de Justicia, la mayoría vinculadas a hechos ocurridos en 1973. El ministro Fernando Rabat señaló que los casos serán revisados individualmente y que no existe un plazo autoimpuesto para resolverlos.
Para María José Rojas, exseremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, la discusión no puede reducirse a la revisión de antecedentes de cada expediente, especialmente cuando detrás de esas condenas existen víctimas y familias que llevan décadas esperando justicia.
«Si bien es una facultad, tenemos que considerar también a las víctimas de los delitos que se están indultando», plantea.
La exautoridad cuestiona además que el proceso sea presentado como una revisión de carácter «administrativo», considerando la naturaleza de los hechos por los que fueron condenadas las personas que solicitan estos beneficios.
«No son actos administrativos ni que pasan. Son signos de la política que quiere implementar este Gobierno», sostiene.
El lugar de
las víctimas
Rojas plantea que las familias deben ser escuchadas antes de que se adopte una decisión.
«Lo primero tiene que tener voz, tiene que tener voz en esa discusión», afirma.
Su argumento parte de la experiencia de familias que han debido esperar décadas para conocer el destino de sus seres queridos o para conseguir una condena contra los responsables. «Justicia. Eso es para ellos, lograr algo de justicia», señala.
Por eso, considera que la eventual modificación de las condiciones en que cumplen sus penas quienes fueron condenados puede tener un efecto que va más allá de lo estrictamente judicial.
«Es reabrir nuevamente las heridas. Es volver a vivir lo que vivieron hace 30, 40, 50 años atrás, cuando perdieron a su familia», sostiene.
Rojas recuerda además que entre las víctimas de la dictadura no solo se encuentran familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. También hay sobrevivientes de torturas y violencia sexual, entre otras vulneraciones.
«Hay muchas que todavía están vivas. Entonces estas víctimas están viendo ellas directamente estas situaciones, las están viviendo. Es revivir nuevamente el dolor, abrir heridas a un país», plantea.
Críticas a la falta de interlocución
La exseremi también cuestiona la relación que, según afirma, mantiene actualmente el Ministerio de Justicia con las organizaciones de derechos humanos de la Región de Coquimbo.
Rojas señala que agrupaciones locales le han manifestado que el ministro Rabat no las ha recibido y que tampoco ha participado en actividades vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda.
«En este tema el Gobierno no responde, no habla, no se comunica, no hay un interlocutor», critica.
La falta de respuesta, sostiene, no sería solamente un problema comunicacional.
«El Estado no está cumpliendo sus obligaciones. Es el mismo que violó los derechos humanos, por tanto, el mismo que tiene la responsabilidad de verdad, justicia, reparación. Al no dar la respuesta, está nuevamente, de alguna manera, agrediendo a los familiares», afirma.
