El abogado, representante del senador Daniel Núñez en la causa, señala que se piden las mayores penas posibles para los imputados, aunque advierte que Lucía Pinto podría recibir una pena en libertad más una multa, mientras que José Cáceres se expondría a una pena privativa de libertad.
Por: Bastián Álvarez Pardo
El pasado lunes 7, fueron formalizados por Fraude al Fisco la ex intendenta Lucía Pinto; el ex administrador regional, José Cáceres; el empresario inmobiliario, Pablo Bracchitta y el ex abogado del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza, en uno de los avances más significativos del caso Papaya Gate.
Además, a Cáceres se le agregó el cargo de negociación incompatible, al verificarse que, en el momento de la tramitación y venta de los terrenos, era administrador regional y, al mismo tiempo, socio de una de las empresas involucradas en el negocio.
Junto con ello, se determinó una extensión del plazo de investigación en 60 días, con el fin de que las partes involucradas puedan reunir y presentar nuevas pruebas; con lo que el sábado 7 de noviembre podría comenzar a escribirse el capítulo final de una historia que comenzó hace más de seis años.
A juicio de Luis Acevedo Espínola, abogado querellante en la causa en representación del senador Daniel Núñez, las pruebas son más que concluyentes y permitirían establecer la responsabilidad de los imputados y con ello, dictar las sanciones y penas correspondientes.
«No quedan más gestiones por realizar. La investigación se debería estar cerrando el 7 de noviembre, dados los 60 días de ampliación del plazo. No creemos que se vuelva a ampliar nuevamente el plazo, ya que la investigación está en sus últimas etapas. Después del 7 de noviembre vendría la decisión de acusar y pasar a juicio oral o a procedimiento abreviado, dependiendo de cómo se decida continuar», plantea el abogado.
Ya hay
antecedentes
para acusar
«Nosotros vemos que la investigación está llegando a una última fase y, en nuestra opinión, ya están los antecedentes necesarios para sostener una acusación. Ahora, lo que va quedando son pocas diligencias que, en su tiempo, fueron solicitadas por la defensa y que originalmente, darían pie a una ampliación de plazo de 30 días. Sin embargo, se terminó ampliando por 60 días, por el nuevo formalizado, Eduardo Espinoza».
Un nuevo actor
en el caso
El nombre de Eduardo Espinoza, quien ejercía como jefe jurídico del GORE en el momento de ocurridos los hechos que originan el caso, rondaba desde hace tiempo en la discusión.
Sin embargo, sólo en esta etapa del juicio, se le sumó como imputado, al establecerse que evadió las advertencias de Contraloría que, hasta en cuatro ocasiones, impugnó los contratos suscritos entre el Gobierno Regional y las sociedad inmobiliarias que vendieron los terrenos.
¿Cómo podría
analizarse el rol que habría
tenido Espinoza en el caso?
«Hay varias declaraciones. Son varios testigos e incluso, los coimputados lo señalan también, que él fue a quien se le ocurrió hacer la resciliación del contrato y, a partir de eso, crear uno nuevo, para burlar el control de Contraloría. Dicho contrato habría sido representado cuatro veces y, en la cuarta vez, a Eduardo Espinoza se le habría ocurrido hacer la resciliación, sacar las cláusulas específicas y, con eso, burlar el control de Contraloría y continuar con el contrato de compraventa».
Las consecuencias de burlar a Contraloría
Luis Acevedo explica que, dado que Contraloría rechazó en cuatro oportunidades los contratos y advirtió al GORE de abstenerse de firmar los contratos con las sociedades inmobiliarias, impugnando aspectos como la compra vía trato directo de los terrenos, adquiere más fuerza el argumento de la existencia del delito: «Frente a los rechazos, los imputados perfectamente podrían haber dado marcha atrás. Si hubiesen dado marcha atrás, no se hubiese iniciado ningún juicio penal, porque tampoco se habría perjudicado al GORE».
Es importante advertir que, aun cuando los actores involucrados hicieron caso omiso de las recomendaciones de Contraloría y, de igual manera, autorizaron y firmaron los contratos entre el GORE y los privados, el delito de mayor entidad, en este caso, el Fraude al Fisco, absorbe todas las otras conductas que sirvieron como medio para cometerlo.
«El sobreprecio es el perjuicio»
El caso salió a la luz pública al conocerse que el Gobierno Regional de Coquimbo pagó un monto de $9.800 millones por la compra de terrenos que tenían una tasación considerablemente menor.
«Se podrían haber vendido los inmuebles al precio que se fijó en las tasaciones (cercano a los $4.000 millones) y el sobreprecio es el perjuicio que se causa y casos de sobreprecios a nivel nacional hay bastantes, sobre todo en municipios», explica Acevedo.
Penas y sanciones
Llegada esta etapa del proceso, cabe volver a preguntarse cuáles son las sanciones a las que se podría exponer la ex intendenta Lucía Pinto, máxima autoridad regional en el momento de los hechos y quien tenía conocimiento de las relaciones entre los involucrados en el caso.
Hoy, Pinto se encuentra con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional y Luis Acevedo recuerda que la ex autoridad podría recibir una pena privativa de libertad además de una multa.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, además de los delitos imputados, ¿Cuáles son las sanciones a las que aspiran como parte querellante en la causa?
«Nosotros esperamos que sean las mayores penas posibles, pero eventualmente, (en el caso de Lucía Pinto) puede ser una pena en libertad, más una multa equivalente a la mitad de los perjuicios. Las mayores penas posibles están para el caso de José Cáceres, porque a él se le imputan dos delitos, de Fraude al Fisco y negociación incompatible, arriesgando una pena privativa de libertad; mientras que Eduardo Espinoza arriesga una pena en libertad», explica el abogado.
Lo relevante, detalla el jurista, es que también se establezcan las penas pecuniarias y advierte que, en el caso del empresario inmobiliario Pablo Bracchitta, la pena podría ser menor.
Es importante mencionar que, para el 21 de septiembre, está programada una audiencia de sobreseimiento definitivo para Bracchitta y una de las tesis que podría plantear su defensa es que, al tratarse de un particular, no se le podría condenar por Fraude al Fisco, lo que disminuiría su pena. Así, se le podría imputar una estafa, una administración desleal o una apropiación indebida.
«Nos seguiremos concentrando
en el Fraude al Fisco»
Recordemos que la Fiscalía dividió la investigación en dos aristas. Una, es la del Fraude al Fisco y la negociación incompatible y la otra, es la tributaria. Y, si bien Acevedo reconoce que los delitos tributarios son de alta gravedad, la prioridad será perseguir las responsabilidades respecto de la defraudación a las arcas fiscales, pues el Servicio de Impuestos Internos ya es querellante en la arista tributaria.
«Como querellantes, quedamos desfasados de la arista tributaria y nos seguiremos concentrando en la arista del Fraude al Fisco», señala Luis Acevedo.
