El Gobierno inició durante septiembre una nueva etapa de trabajo para levantar y priorizar las necesidades de las tres provincias, con apoyo técnico del BID y la CEPAL. Ese catastro será uno de los insumos para definir las inversiones de reconstrucción.

Por Joaquín López Barraza

En paralelo, municipios y autoridades locales han advertido que la discusión presupuestaria será clave para financiar las obras de mayor envergadura. De hecho, el Ejecutivo ha señalado que parte importante de la reconstrucción deberá incorporarse a la Ley de Presupuestos 2027.

Es en ese escenario que los concejales José Luis Núñez, de Illapel, y Claudia Ávalos, de Combarbalá, expresan sus reparos al ritmo que ha tenido la recuperación en sus comunas.

«Nada fue en concreto»

«El proceso de reconstrucción ha sido bien lento», afirma Núñez. El concejal reconoce que en la reunión sostenida entre los municipios del Choapa y el Gabinete Regional se tomaron acuerdos, pero cuestiona que estos todavía no se traduzcan en soluciones concretas.

«Nada fue en concreto, todo lo del Estado se ve más hacia el presupuesto 2027», señala.
Núñez destaca que los municipios han debido asumir buena parte de la respuesta ante sus vecinos, pese a contar con recursos y atribuciones limitadas.

«Los municipios, en general, son quienes desde la primera instancia han estado con los vecinos tratando de reconstruir caminos (…) han sido quienes le han dado la cara a los vecinos», sostiene.

Para enfrentar esa tarea, Illapel ha debido realizar modificaciones transitorias para contratar personal, formar nuevas cuadrillas y disponer de maquinaria.

Uno de los problemas que ejemplifica esta situación es la conectividad. Mientras Vialidad y el municipio han concentrado esfuerzos en recuperar las principales conexiones entre el área urbana y las localidades, todavía quedan caminos interiores sin una solución definitiva.

«Acá tenemos el Puente Viejo, que cruza el sector urbano y conecta a una localidad que tiene cerca de 7.000 habitantes. No se puede utilizar y es el municipio el que requiere hacer un bypass y recuperar la conexión», explica.

Según Núñez, la solución requiere coordinación con otros organismos y, por ahora, siguen esperando una respuesta.

«Estamos súper dejados
por el Estado»

En Combarbalá, la concejala Claudia Ávalos comparte el diagnóstico y califica como lenta la respuesta en las zonas rurales.

«Ha sido una desorganización», sostiene, cuestionando que el temporal había sido advertido previamente por distintos organismos.

«Todo ha sido muy lento, en los caminos de la parte rural. A esta altura todavía tenemos caminos cortados. No sé si hubo un plan de emergencia real, creo que debiese haber uno, no solo para el invierno, ya deberíamos estar pensando en el verano», plantea.

Ávalos también cuestiona los problemas de información hacia los vecinos, especialmente en torno a las fichas FIBE, que a su juicio generaron expectativas que posteriormente no se concretaron.

«Según mi experiencia, hay un descontento generalizado», afirma. Aunque reconoce el trabajo realizado por las autoridades, advierte que la capacidad municipal también es limitada.

«Lamentablemente, nuestra comuna tiene un presupuesto humilde y no tenemos tantos funcionarios para hacer un mejor trabajo», señala.

La concejala asegura que las reuniones sostenidas hasta ahora todavía no se han traducido en respuestas concretas para la comuna.

«Estamos súper dejados por el Estado. Hace poco se hizo una reunión en La Serena y no tenemos respuestas. Y no solamente en nuestro municipio. Nosotros somos como la última prioridad», concluye.