El IPoM redujo fuertemente la proyección de crecimiento para 2026 y advirtió por menor actividad, empleo y poder adquisitivo. Economistas consultados apuntan a las decisiones del Gobierno y al efecto del alza de los combustibles, aunque el informe también identifica factores externos y productivos.
Por Joaquín López Barraza
«La actividad y la demanda se ha debilitado en los últimos meses, se han perdido empleos, la confianza de empresas y hogares se ha deteriorado y el alza de los precios de los combustibles ha afectado el poder adquisitivo de los hogares».
Con esas palabras, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, resumió este miércoles el escenario que enfrenta la economía chilena, en la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre.
El diagnóstico vino acompañado de una fuerte corrección: el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para este año desde un rango de 1%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%. Para 2026, además, proyecta una contracción de 0,3% en la inversión y un crecimiento de solo 1,7% del consumo.
El escenario también se refleja en el empleo. Según el informe, los últimos datos muestran destrucción de puestos de trabajo, especialmente formales, mientras la tasa de desocupación llegó a 9,5%.
Y en el caso de los combustibles, el Banco Central señala que su alza ha sido uno de los principales factores detrás de una inflación que continúa alrededor del 4%, por sobre la meta de 3%. La autoridad espera que recién durante el segundo trimestre de 2027 vuelva a ese nivel.
¿Qué significa
para el bolsillo?
Para el economista René Garcías, académico de la Universidad Central, el escenario descrito por el Banco Central se traduce directamente en una pérdida de capacidad de compra para los hogares.
«Cuando el BC advierte sobre una menor actividad económica, deterioro del empleo y menor poder adquisitivo, nos está describiendo un escenario de estancamiento», sostiene.
Su recomendación para las familias es evitar, por ahora, las deudas de consumo. «Tomar un crédito de consumo para financiar unas vacaciones o bienes que son prescindibles es una decisión financiera bien riesgosa», plantea.
¿Cuánto es
responsabilidad
del Gobierno?
El informe identifica una combinación de factores externos y locales. Entre estos últimos menciona la desaceleración de la demanda interna, el deterioro de la confianza y del mercado laboral, mientras que también atribuye parte de la debilidad a una menor producción minera y a los efectos de los temporales. En el escenario externo, el conflicto en Medio Oriente y el precio de los combustibles siguen siendo factores relevantes. Para Garcías, sin embargo, a estas alturas la explicación basada en la «herencia recibida» pierde fuerza. «El escenario actual de bajo crecimiento, destrucción del empleo formal y caída de la inversión se explican, mayoritariamente, por factores endógenos y de gestión», afirma.
También apunta a la inversión, sosteniendo que el actual escenario de precios del cobre no se estaría traduciendo en el dinamismo esperado.
Una mirada similar entrega Paulina Elgueta, exseremi de Economía, quien responsabiliza directamente al Gobierno por parte del escenario actual y cuestiona particularmente las decisiones adoptadas en materia de combustibles. Según plantea, el cambio en el mecanismo de cálculo del impuesto específico habría privilegiado la recaudación fiscal por sobre la contención del precio que enfrentan los consumidores.
«Lo que el ministro Quiroz apuesta por recaudar más a través del impuesto al combustible, yo creo que lo está perdiendo en disminución de recaudación del IVA a través del consumo, porque ya no hay consumo», sostiene.
Elgueta afirma que el actual escenario revela una «crisis económica» generada por la administración y plantea que el Estado debería asumir un rol más activo mediante inversión pública.
¿Se subestimó
el efecto de los
combustibles?
Para Garcías, la respuesta es sí. A su juicio, existió una subestimación del impacto que tendría el cambio en el mecanismo de estabilización de precios.
«El error de diseño no estuvo en la intención estructural, sino en un pésimo timing y en la falta absoluta de gradualidad», sostiene.
El economista apunta especialmente al efecto del diésel sobre el transporte y los costos de distribución, argumentando que el alza termina traspasándose a los precios de bienes y servicios.
El Banco Central, por su parte, reconoce que el aumento de los combustibles ha afectado los ingresos de hogares y empresas y que su traspaso hacia otros precios se ha comportado de acuerdo con patrones históricos. Sin embargo, también advierte que la evolución de la economía dependerá de una combinación de factores internos y externos.
