Jefes comunales habían cuestionado una disposición que podía vincularse con el cese de sus cargos ante eventuales incumplimientos. Y tras quitar el texto, plantearon la necesidad de corregir algunos aspectos y garantizar recursos para su implementación.
Por René Martínez Rojas
Fue una preocupación extra para los alcaldes de todos los colores políticos. Sí, porque la Ley de Seguridad Municipal había generado reparos por una disposición que podía vincularse a la cesación de sus cargos.
Por eso la molestia y el rechazo. Y por eso mismo, este miércoles el Ejecutivo retiró el reglamento de la ley luego de los cuestionamientos y acordó mesa de trabajo con los jefes comunales.
Una noticia que en la región recibieron de buena manera, como lo evidenció el edil de Illapel Denis Cortés, pues a todas luces era «un error del Gobierno poner una causal de destitución en el caso de incumplir algunas de las acciones de seguridad».
A su juicio, dicha disposición «generaba una tensión innecesaria entre el municipio, los alcaldes y el Gobierno, cuando debería ser lo contrario». En ese sentido, afirmó que el reglamento y la nueva legislación «deberían ser un punto de unión y de trabajo colaborativo».
Ahora, el anuncio que ha hecho el Ejecutivo del retiro de ese elemento del reglamento «sin duda que lo valoramos y hay que dar rápidamente vuelta a la página y juntarnos -municipios, Congreso y Gobierno- para poder implementar esta ley de la mejor manera», señaló.
Sin embargo, advirtió que el debate no puede limitarse a las atribuciones que tendrán los municipios.
Según explicó, también es fundamental conocer con claridad los recursos que serán destinados a las nuevas funciones en materia de seguridad.
Disponibles para dialogar
Una opinión similar entregó la alcaldesa Uberlinda Aquea de La Higuera, quien valoró que el Gobierno haya escuchado a los alcaldes y haya decidido retirar este reglamento.
«Siempre hemos estado disponibles para dialogar y trabajar en conjunto en materia de seguridad, pero una cosa es dialogar y otra muy distinta es que una normativa tan importante llegue a Contraloría con una redacción que genera legítimas preocupaciones y sin haber conversado previamente con los alcaldes».
Calificó lo ocurrido como «un tropiezo del Gobierno» y recalcó que las municipalidades cumplen un papel fundamental en la seguridad de sus respectivos territorios.
«Las municipalidades somos actores fundamentales en la seguridad de nuestros territorios y nuestra experiencia debe ser considerada desde el inicio cuando se elaboran este tipo de normativas», afirmó.
Perfeccionar la normativa
Desde La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena también dijo considerar «profundamente que el Gobierno haya retirado este reglamento. La seguridad municipal es una urgencia que hemos esperado por más de 25 años y hoy la vemos más cerca de su aprobación»
Norambuena consideró que la creación de una mesa de trabajo técnica representa el camino adecuado para resolver las dudas que persisten en torno a la normativa y perfeccionar su contenido con participación de los municipios.
Esta instancia permitirá «perfeccionar la normativa en conjunto, eliminar interpretaciones ambiguas y garantizar un texto que sume herramientas reales para dar paz y seguridad a nuestros vecinos, sin desviar el foco de lo verdaderamente importante».
Sin recursos necesarios
La representante de Río Hurtado, Carmen Olivares, cuestionó que se asignen a los municipios responsabilidades vinculadas con la seguridad pública, debido a las limitaciones que enfrentan para contratar personal especializado.
«Es molesto que nos estén asignando responsabilidades que corresponden directamente al Ministerio del Interior y al Gobierno», sostuvo Olivares, quien agregó que los municipios no cuentan con las plantas ni con los recursos humanos necesarios para asumir todas las tareas relacionadas con esta materia.
La autoridad indicó que el municipio cuenta con un encargado de seguridad pública y que, dentro de sus posibilidades, trabaja en la presentación de proyectos para mejorar las cámaras de vigilancia y las luminarias públicas. Sin embargo, llamó al Gobierno y a sus ministerios a cumplir las funciones que tienen asignadas.
