A dos años del estallido social:«Estamos más cerca de la impunidad que de la justicia»

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La jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Tarcila Piña, entregó un balance y reconoce que el panorama «nos resulta triste y desolador».

A dos años del estallido social, la discusión sobre la investigación y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sigue abierta.

Ante esto, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Tarcila Piña, afirma que a la fecha el Estado «no ha adoptado ninguna medida para cumplir con las recomendaciones, porque si bien se han realizado algunas gestiones, estas son muy incipientes y no han producido resultados concretos».

A la fecha, menos del uno por ciento del total de denuncias que empezó a investigar el Ministerio Público tiene una formalización, porcentaje que se ha mantenido luego de dos años.

En ese sentido, cuenta Piña que «de las 3.479 causas vigentes por violación de Derechos Humanos a nivel país, se han formalizado a 137 agentes estatales y en solo 4 de ellas se ha dictado una sentencia condenatoria, lo que porcentualmente significa que se ha logrado condena a nivel nacional del 0,3%».

La situación de la región de Coquimbo no es muy alentadora, «toda vez que de las 149 causas que nosotros presentamos a raíz del estallido social, tenemos 129 que están vigentes, sólo 5 causas formalizadas, 9 imputados, 3 con la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, 6 imputados con otras cautelares y 20 por decisiones de no perseverar por parte del Ministerio Público».

Romario Veloz y Kevin Gómez resultaron heridos de muerte el 20 de octubre, además de otros varios lesionados de gravedad, como Rolando Robledo.

En ese punto, señaló que «en el caso de Kevin Gómez recién vamos a iniciar el juicio oral el 3 de enero de 2022, y en el de Romario y otras dos víctimas (Rolando Robledo y César Véliz) si bien tenemos formalizado a un capitán de Ejército (Faúndez) todavía no existe formalización por parte de los tiradores materiales y estamos esperando la formalización que haga fiscalía en ese caso».

Triste y desolador

Este ambiente de favorecimiento e impunidad es claro al constatar que dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte del Estado, la cosa no ha variado mucho.

«Estamos a dos años del estallido social y la región de Coquimbo no tiene ninguna sentencia condenatoria, puesto que en la sentencia que sacó el TOP de Ovalle en el caso de Benjamín Huerta, nosotros no quedamos conformes y presentamos un recurso de nulidad que fue acogido y vamos a tener un nuevo juicio, por lo tanto no se cuenta como una sentencia definitiva».

Por esta razón es que, en el marco del segundo aniversario de la más grave crisis de violación a los derechos humanos desde el retorno de la democracia, «estamos más cerca de la impunidad que de la justicia, y el INDH señala que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional en cuanto a materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Para la directora de la institución el panorama en materia de derechos humanos en Chile y en la región «nos resulta triste y desolador».

Por lo mismo, explicó que «ha habido falta de recursos por parte del Estado para inyectarle al sistema de justicia penal, falta de fiscales especializados para causas de violencia institucional y que sepan de esta violencia en el sentido de que tengan la capacitación y la formación en DD.HH para poder pesquisar y acelerar las entrevistas a las declaraciones de las víctimas y hacer una efectiva, dinámica y oportuna investigación».

Sobre los nudos críticos en las obligaciones de verdad y justicia, «la pregunta es ¿qué ha hecho el Estado para cumplir con su deber ante la comunidad nacional e internacional ante el respeto y garantías de los DD.HH? Creemos que el Estado frente a la verdad se refugia en la errada idea de que sólo es tarea de los tribunales de justicia, y es errada, porque los recursos y acciones judiciales no son rápidas y expeditas por múltiples factores, como estructurales del propio sistema de justicia penal y otras coyunturales, como lo vimos en la pandemia, que retrasó todas las audiencias…».

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