El Frente de Trabajadores Penitenciarios declaró estar en un estado de emergencia en todas las unidades penales del país, incluyendo el Complejo Penitenciario de Huachalalume.
El Frente de Trabajadores Penitenciarios se mantiene en estado de alerta y movilización pacífica en todas las unidades penales del país, incluyendo la región de Coquimbo, en rechazo al proyecto que modifica la dependencia ministerial de Gendarmería, iniciativa que —según denuncian— fue elaborada sin considerar a los funcionarios y pone en riesgo derechos laborales históricos.
Desde el gremio alertan que esta movilización responde a la profunda preocupación que existe entre las y los funcionarios de Gendarmería de Chile frente al proyecto que modifica «el ministerio del cual depende nuestra institución, iniciativa que hoy no entrega garantías claras ni explícitas respecto a la mantención de nuestros derechos remuneracionales y previsionales».
Señalan que no están frente a una discusión administrativa menor, «sino que estamos frente a una decisión política que puede afectar gravemente la estabilidad laboral, previsional y económica del personal activo del sistema penitenciario».
Del mismo modo hacen un llamado «firme y directo al Congreso Nacional», especialmente a las y los senadores, argumentando que «este proyecto de reforma constitucional no garantiza de manera expresa la protección de los derechos históricos de los trabajadores penitenciarios», por lo que solicitan «su rechazo, ya que su aprobación en las actuales condiciones significaría una nueva precarización de una de las labores más riesgosas y exigentes del Estado».
Admiten que como gremio sostienen «diariamente el sistema penitenciario, trabajando en condiciones extremas con sobrepoblación penal, alto riesgo laboral y escaso reconocimiento institucional».
Por lo mismo, afirman que «no aceptaremos que una reforma estructural se construya a costa del sacrificio de quienes mantienen el orden y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios del país. Rechazamos categóricamente que, por hechos aislados de corrupción, que deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley, hoy se pretenda instalar un manto de duda sobre una institución completa y utilizar aquello como argumento para debilitar nuestros derechos laborales y previsionales».
Argumentan que «nuestra movilización es pacífica, pero nuestra convicción es firme. No queremos pérdida de derechos para los funcionarios penitenciarios y por ello, hoy esta responsabilidad recae en manos de los honorables senadores y senadores, quienes deben resguardar los derechos de los trabajadores penitenciarios y no permitir retrocesos en los derechos laborales de quienes cumplen esta función esencial».