El abogado Cristian Cruz, representante de 14 de las 15 familias de las víctimas de la comitiva militar en La Serena, cuestionó que el excomandante en jefe del Ejército cumpla una pena bajo libertad vigilada.
Por René Martínez Rojas
Fue este viernes que el Servicio Médico Lega (SML) entregó los cuerpos de cuatro víctimas de la Caravana de la Muerte para su último adiós. Y Cristian Cruz llegó desde Santiago para estar presente.
Sí, porque es el abogado –en Derechos Humanos- de 14 de las 15 familias, también por causas de tortura, donde están procesados y acusados varios oficiales del entonces regimiento Arica de La Serena.
Respecto de la situación judicial del caso, Cruz explicó que la causa se encuentra ejecutoriada, aunque todavía existe un condenado prófugo: el comandante en retiro del Ejército Jaime Ojeda Torren, sentenciado a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los 15 homicidios de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.
En la misma causa, Juan Emilio Cheyre fue condenado como cómplice y no como encubridor de los crímenes. Para Cruz, el cumplimiento de esa pena bajo libertad vigilada constituye uno de los antecedentes que motivó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Justamente el caso Cheyre, condenado a cinco años con beneficio, nos ha habilitado para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque estar condenado por 15 crímenes y caminar tranquilo por la calle no se condice con la concepción primera de lo que es la palabra justicia», sostuvo en conversación con Diario La Región.
El abogado explicó que actualmente se encuentran recurriendo a la instancia internacional y que el Estado de Chile tendrá la posibilidad de presentar sus argumentos. Sin embargo, criticó que el Ejército no haya colaborado con las familias ni haya realizado gestos de memoria y reparación.
Acompañó a
las familias
Cruz viajó desde Santiago para acompañar a los familiares en una ceremonia que posteriormente continuó en la iglesia San Francisco de La Serena.
Fue ahí que manifestó su deseo de que esta sea la última despedida para las víctimas, luego de décadas de incertidumbre y dolor para sus familias.
«Esperemos que no haya otra vez para estas cuatro víctimas de la dictadura, porque no solo fueron ejecutados, sino que también se les negó por décadas a sus familias el derecho a entregarles una flor, a sepultarlos, a llorarlos y a iniciar un duelo», señaló.
Los restos habían sido entregados inicialmente a sus familias tras un proceso de identificación que, con el paso de los años, se comprobó que era incorrecto. En 1998 fueron inhumados 18 cuerpos, pero posteriormente se estableció que solo 16 correspondían efectivamente a las víctimas reconocidas.
«Nos enteramos de que las identificaciones no fueron correctas. No voy a entrar a calificar si fue negligencia o abuso, pero espero que este acto traiga tranquilidad y que efectivamente puedan iniciar un duelo», indicó.
Responsabilidad del Ejército
El abogado sostuvo que la responsabilidad principal por los crímenes corresponde al Ejército, institución cuyos integrantes participaron en las ejecuciones y que, posteriormente, no habría entregado información suficiente a las familias sobre el destino de las víctimas.
«La responsabilidad final es del Ejército, no del Servicio Médico Legal, puesto que ellos cometieron crímenes que no debieron haber cometido. Después, en vez de identificarlos, no los identifican formalmente y, sin identificarlos, pudieron habérselos entregado a sus familiares. Pero no lo hicieron: los llevaron a una fosa común y los arrojaron todos en conjunto», afirmó.
Y agregó que las familias aún esperan explicaciones por los dos cuerpos que permanecen sin ser identificados y exigió garantías de no repetición.
«El Ejército le debe una explicación a la familia, a la sociedad y, sobre todo, garantías de no repetición y un nunca más», expresó.
También acusó que la institución se ha negado a realizar un acto de memoria en el lugar donde fueron ejecutadas las víctimas, pese a las solicitudes formuladas por los familiares.
