El jefe de gabinete del delegado presidencial gestionó ante el municipio la aplicación de fichas en sectores afectados de La Serena, incluido el lugar donde reside la autoridad. Aunque Pino sostiene que buscaba atender zonas que no habían sido catastradas, una especialista en Derecho Público cuestiona por qué se recurrió a esa gestión y plantea si pudo existir un trato preferente.
Por Joaquín López Barraza
Una publicación de El Mostrador reveló que Carlos Rodríguez, jefe de gabinete del delegado presidencial regional Víctor Pino, realizó gestiones ante la Municipalidad de La Serena para que equipos concurrieran a sectores afectados por el temporal de julio y aplicaran la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Entre los domicilios encuestados estuvo la vivienda del propio delegado, cuya ficha posteriormente ingresó al sistema con la vivienda y sus enseres calificados como «muy afectados», condición que abría la posibilidad de acceder a un Bono de Recuperación de hasta $1,5 millones.
Desde la Delegación Presidencial han sostenido que la gestión no estuvo dirigida exclusivamente a la vivienda de Pino, sino que buscaba atender dos sectores que, según vecinos, no habían sido catastrados.
El propio delegado reconoció ante Diario La Región que existió una coordinación de su jefe de gabinete con el municipio, aunque descartó haber solicitado o instruido personalmente alguna gestión para favorecer a su familia.
«En ningún momento he solicitado, dispuesto ni instruido gestión alguna para agilizar o influir en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) respecto de la vivienda habitada por mi familia tras la emergencia climática», afirmó Pino.
La autoridad también sostuvo que su familia debió ser retirada de la vivienda por Bomberos durante las lluvias y que la coordinación se realizó un mes después del temporal, mediante canales institucionales.
«Dicha comunicación buscó únicamente coordinar la atención de dos sectores de La Serena afectados que, a indicación de los vecinos del lugar, no habían sido atendidos, sin pretender alterar los turnos ni el orden de prelación establecidos», señaló.
«La pregunta es por qué ese sector»
La discusión, sin embargo, no apunta a establecer si la vivienda de Pino sufrió daños. La propia autoridad reconoce que fue afectada por la inundación y que su familia debió ser evacuada.
El cuestionamiento está puesto en cómo se llegó hasta ese domicilio y por qué la gestión del jefe de gabinete se concentró precisamente en esos sectores.
Para la abogada y magíster en Derecho Público María José Lira, esa diferencia es relevante. A su juicio, el punto no es si el delegado tenía derecho a recibir ayuda ante una emergencia, sino si utilizó —directa o indirectamente— su posición para obtener una atención prioritaria.
«Él tiene derecho a que personal de Bomberos le ayude a sacar el agua de su casa, pero ¿llamó a Bomberos por el número de la red central y se puso a la fila? ¿O se saltó la fila?», planteó.
La especialista sostiene que una eventual vulneración a la probidad no requiere necesariamente que exista un beneficio económico.
«No estás llamando ni tú ni yo para pedir apoyo. Mucha gente lo hizo y todavía sigue esperando. Cuando se usa el cargo para obtener un beneficio, que no tiene que ver con dinero necesariamente, porque lo puede usar para saltarse la fila, también es falta a la probidad», explicó.
Por ello, Lira apunta directamente al origen de la gestión: «¿Por qué ese sector y no otro? ¿Por qué el jefe de gabinete del delegado presidencial pidió una gestión para un sector determinado? Justo donde vive su jefe».
La pregunta cobra especial relevancia considerando que, según la propia versión de Pino, fue Rodríguez quien realizó la coordinación con el municipio, aunque la autoridad niega haber solicitado o instruido una gestión en favor de su vivienda.
RN pide aclarar lo ocurrido
La controversia también llegó a Renovación Nacional, partido en el que milita el delegado.
Su presidente regional, Juan Pablo Villar, señaló a Diario La Región que han recabado antecedentes y que, hasta ahora, «no existe ningún elemento que indique que el delegado Víctor Pino haya solicitado un beneficio personal».
Sin embargo, sostuvo que si hubo una actuación por iniciativa propia de algún funcionario, esta debe ser aclarada.
«La FIBE está destinada a las personas y familias damnificadas y ese principio debe respetarse siempre», afirmó.
Villar agregó que la colectividad tendrá próximamente una instancia privada con Pino para abordar la situación.
«Será en ese espacio donde, con la franqueza y responsabilidad que corresponde, le entregaremos nuestra opinión y también las sugerencias que estimemos necesarias desde el punto de vista político», adelantó.
