Más de 21 mil licencias médicas emitidas, miles de diagnósticos asociados a salud mental y reposos que se repiten por periodos de 30 días. Estas son algunas de las cifras que dejó al descubierto la formalización de dos médicos que ejercían en la Región de Coquimbo, quienes quedaron en prisión preventiva por investigaciones independientes sobre la presunta emisión fraudulenta de estos documentos.
Por: Valentina Echeverría O.
Entre los mayores emisores
En el caso del primer imputado, C.F.P.V. , la investigación se inició luego de que la Dirección Nacional de la COMPIN remitiera a Fiscalía, en mayo de 2025, antecedentes sobre los once médicos que más licencias habían emitido durante 2024. Según explicó el persecutor en audiencia, el profesional figuraba en el sexto lugar del listado nacional.
Las cifras dan cuenta de un incremento sostenido en su actividad. Entre octubre y diciembre de 2023 emitió 1.293 licencias, mientras que en 2024 la cantidad ascendió a 5.430 y en 2025 llegó a 7.639. Durante los primeros ocho meses de 2026 sumó otras 2.356, alcanzando un total de 16.718 documentos.
De ese universo, 15.494 fueron extendidos a afiliados de Fonasa y 1.224 a usuarios de isapres. La magnitud contrasta con el promedio nacional informado por la Superintendencia de Seguridad Social, que durante 2024 fue de 158 licencias por profesional y en 2025 descendió a 135.
Otro antecedente era la duración de los reposos. Según la Fiscalía, 12.533 licencias fueron otorgadas por 30 días, equivalentes a cerca del 75% de las emisiones. A ellas se suman 1.814 documentos por 15 días, 1.076 por 21 días y 717 por 11 días.
Salud mental y bonos
El análisis de las 14.883 licencias Fonasa que llegaron a tramitación reveló que 14.551, equivalentes al 97,8%, estaban asociadas a trastornos mentales y del comportamiento. Dentro de ese grupo, 12.430 consignaban un mismo diagnóstico, correspondiente a un trastorno de ansiedad generalizada, según los antecedentes presentados por Fiscalía.
Otro antecedente expuesto durante la audiencia fue la presunta ausencia de bonos Fonasa asociados a las atenciones investigadas. Según señaló el fiscal, el organismo no registraba bonos vinculados a las licencias revisadas, situación que cuestionó considerando el elevado número de documentos emitidos.
El alcance de las atenciones también traspasó las fronteras regionales. De las licencias tramitadas, 6.139 corresponden a beneficiarios con reposo en la Región Metropolitana, 2.028 en Biobío y 1.181 en Antofagasta, así incluyendo regiones de todo Chile. En Coquimbo se registraron 1.000, apenas el 6,7% de ese universo.
En materia de recursos, la Fiscalía atribuyó a 9.778 licencias pagadas por Fonasa un monto superior a $8.651.556.860 en subsidios por incapacidad laboral, cifra que forma parte de la hipótesis de perjuicio económico investigada.
Segunda investigación
En la otra causa, el médico cirujano de iniciales F.J.D.W. emitió 4.537 licencias entre abril de 2025 y mayo de 2026. De ellas, 4.233 correspondieron a afiliados de Fonasa y 304 a isapres, mientras que 4.474 fueron registradas como atenciones remotas, equivalentes al 98,6% del total.
Los antecedentes del expediente también muestran un predominio de diagnósticos de salud mental. De las licencias Fonasa tramitadas analizadas, 3.766 correspondían a trastornos mentales y del comportamiento, cifra que supera el 91,4% de ese universo.
Respecto de los recursos públicos, el Ministerio Público cifró en más de $2.911.301.580 millones los subsidios asociados a licencias pagadas por Fonasa en esta segunda causa, alcanzando el total de $11.562 millones entre ambos imputados.
Precios bajo investigación
Las investigaciones también revelaron diferencias en los presuntos montos asociados a las licencias médicas. En la primera causa, Fiscalía expuso conversaciones de una supuesta intermediaria que ofrecía reposos de siete días por $20 mil, de 15 días por $30 mil y de 30 días por hasta $55 mil. En la segunda, el análisis de transferencias bancarias identificó valores medianos de $60 mil por siete días, $75 mil por 21 días y $100 mil por 30 días de reposo, pagos cuya vinculación con la presunta emisión fraudulenta forma parte de la investigación.
