Un total de 27 contratos por aproximadamente $2.228 millones para distribuir agua potable a comunidades afectadas por la escasez hídrica identificó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en la Región de Coquimbo. La fiscalización también constató que cuatro municipios no respondieron las solicitudes de información al cierre del proceso: Combarbalá, Illapel, La Higuera y Ovalle.
La revisión consideró contratos de distribución de agua mediante camiones aljibe durante 2023 y 2024 y buscó conocer sus montos, proveedores, duración, litros de agua distribuidos y personas u hogares beneficiados. Para ello se ingresaron solicitudes de acceso a información a municipalidades, delegaciones presidenciales y a la Subsecretaría del Interior entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y la recepción de respuestas cerró el 31 de marzo de 2026.La Municipalidad de La Serena concentró aproximadamente el 81% del monto regional identificado, con un contrato con un proveedor por aproximadamente $1.805 millones, adjudicado mediante licitación pública, financiado con recursos municipales y con una duración de 24 meses.La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, en tanto, informó 14 contratos por más de $291 millones.
A ellos se sumaron siete contratos de la Municipalidad de Punitaqui y cinco de Andacollo.La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que «más de $2.200 millones en contratos para llevar agua a las comunidades reafirman la necesidad de contar con información completa y accesible. Las familias deben poder conocer quién presta el servicio, cuánto cuesta y a quiénes beneficia. Que cuatro municipios no hayan respondido al cierre de esta fiscalización es un incumplimiento que no podemos normalizar: responder es una obligación legal».Además de la falta de respuesta de los cuatro municipios a la fecha de cierre del proceso, el Consejo detectó que Andacollo y Punitaqui respondieron solo a una parte de lo solicitado.
La Delegación Presidencial Regional señaló adjuntar documentos que no estaban incluidos en su respuesta, mientras que Paihuano contestó fuera del plazo legal.Asimismo, Canela, Paihuano y Río Hurtado indicaron que toda o parte de los antecedentes requeridos estaban en otra institución, pero no derivaron las solicitudes al organismo correspondiente como mandata la Ley de Transparencia, dificultando el acceso a la información.Los montos corresponden a los contratos informados durante la fiscalización y no representan necesariamente la totalidad de las contrataciones de la región. La revisión caracteriza la información entregada por los organismos consultados y evalúa el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a información pública.
