Un total de 21.255 licencias médicas emitidas y subsidios asociados que superan los $11.500 millones forman parte de dos investigaciones independientes que este sábado llegaron al Juzgado de Garantía de La Serena. En ambas causas, el Ministerio Público atribuye a profesionales de la salud la emisión masiva de documentos que, según su hipótesis, no contarían con un respaldo clínico real.
Por: Valentina Echeverría O.
Aunque los casos no están vinculados entre sí, las indagatorias presentan características similares: miles de licencias emitidas en períodos acotados, transferencias bancarias coincidentes con las fechas de emisión y un predominio de reposos prolongados.
Primera
formalización
El primero en comparecer ante el tribunal fue el médico identificado con las iniciales C.F.P.V. Durante una extensa exposición, que se prolongó por cerca de una hora, la Fiscalía detalló los antecedentes de la investigación, revelando que más de 8.500 licencias fueron emitidas con intervalos de cinco minutos. Incluso, el 6 de mayo de 2025 llegó a emitir 77 licencias en una sola jornada, mientras que una importante proporción correspondía a diagnósticos vinculados con salud mental.
La investigación también alcanzó al sector público, donde se identificaron 2.120 licencias médicas otorgadas a trabajadores de organismos estatales y entidades financiadas con recursos públicos. Entre ellas figuran instituciones vinculadas a la educación, como Fundación Integra y los Servicios Locales de Educación Pública, además de hospitales y servicios de salud.
Sin embargo, uno de los hallazgos más llamativos surgió de las conversaciones recuperadas del teléfono del imputado. Según la Fiscalía, una mujer que se presentaba como captadora ofrecía gestionar licencias de hasta treinta días, con valores que iban desde los $20 mil hasta los $55 mil. Los mensajes también incluirían solicitudes de cupos y el envío de datos personales de beneficiarios para completar las licencias.
Por su parte, la defensa cuestionó que la investigación se sustentara principalmente en antecedentes estadísticos y financieros, argumentando que el profesional realizaba atenciones presenciales y por telemedicina, lo que explicarían las numerosas licencias emitidas a distintas ciudades de Chile. Asimismo, aseguró que existían informes clínicos y fiscalizaciones anteriores en las que se habían presentado antecedentes médicos.
Pese a estos argumentos, el tribunal decretó su prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de 90 días.
Segunda
formalización
Posteriormente fue el turno del segundo imputado, identificado como F.J.D.W., cuya causa fue abordada al final de la jornada. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el profesional emitió más de 4.537 licencias médicas entre abril de 2025 y mayo de 2026, de las cuales el 98,6% fueron registradas como atenciones remotas.
Según los antecedentes presentados, cerca de 3.900 licencias se concentraron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Además, se detectaron emisiones durante la madrugada y jornadas en que el médico llegó a otorgar más de 60 documentos.
La Fiscalía también puso especial atención en una serie de operaciones de compraventa de vehículos realizadas por el imputado, las que, junto con movimientos bancarios y documentación tributaria, forman parte de la investigación por presunto lavado de activos. Según la hipótesis del Ministerio Público, estas transacciones habrían sido utilizadas para ocultar o disimular el origen de los recursos obtenidos, situación que deberá esclarecerse durante la investigación.
Por su parte, la defensa cuestionó que todas las licencias investigadas pudieran considerarse falsas y puso en duda el origen ilícito de los recursos asociados a las operaciones bancarias y compraventas de vehículos. En ese sentido, argumentó que el médico también se desempeñaba como director de una academia de baile, actividad que podría explicar parte de sus ingresos. Asimismo, se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas cautelares alternativas, como firma semanal, arraigo nacional o incluso arresto domiciliario total.
Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva del segundo imputado, considerando que la cantidad de licencias emitidas no resultaba compatible con una atención médica razonable y que la reiteración de estos hechos representaba un riesgo para la fe pública. No obstante, el magistrado advirtió que la Fiscalía deberá profundizar las diligencias para establecer la eventual participación del médico en el fraude de subsidios y acreditar el delito base de la imputación por lavado de activos. Al igual que en la primera causa, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
