Tras casi cinco meses de juicio, Eduardo Torres Plaza, el chofer del Gobierno Regional que había dado a conocer distintas irregularidades respecto al uso del vehículo fiscal por parte de la gobernadora Krist Naranjo y que posteriormente fue desvinculado, logró llegar a acuerdo con el organismo y recibirá una indemnización de 15 millones de pesos.
En abril del año 2022, en un informe firmado por Eduardo Torres Plaza, conductor del Gobierno Regional, dirigido a distintos jefes de división, se evidenciaba que la gobernadora regional Krist Naranjo habría cometido una serie de faltas administrativas y funciones que no corresponden, como mandar a buscar al hijo de la autoridad a la universidad, pasar a un supermercado en un vehículo fiscal, no respetar las leyes del tránsito, entre otras irregularidades.
Acciones que generaron una crítica transversal y que de paso dio a origen al requerimiento de destitución que llevan adelante los consejeros regionales, además de un sumario por parte de Contraloría.
En ese contexto, casi al llegar al final del 2022 se supo que una serie de funcionarios del Gobierno Regional no seguiría en la repartición pública, siendo uno de ellos el conductor Eduardo Torres Plaza.
Tiempo después, el 10 de enero de 2023, Torres puso una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena por una tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
Según se desprende de la demanda presentada, «la relación entre la Gobernadora Regional y este denunciante comenzó a debilitarse, y finalmente a quebrarse debido a los reclamos que presenté en los canales internos, los que actualmente son conocidos por la Contraloría sin resultados concretos, mis criticas eran al aprovechamiento personal y mal uso de vehículo fiscal por la Gobernadora Naranjo, y finalmente su animadversión fue evidente por la interposición de un juicio laboral por tutela en contra de la denunciada».
Tiempo después, tanto Eduardo Torres como el Gobierno Regional llegaron a un acuerdo de avenimiento, en donde el organismo, sin reconocer los hechos señalados en la denuncia de tutela y con el sólo propósito de poner fin a la demanda, ofreció la suma única y total de $ 15 millones de pesos, la que será pagada el 29 de junio de 2023.
Además, según consigna el documento, «las partes acuerdan que respecto de las obligaciones de dar del presente avenimiento, el no pago de todo, o parte de lo obligado, hará exigible el total de lo adeudado como si fuera de plazo vencido, como también hará aplicable lo dispuesto en el artículo 468 del Código del Trabajo, en cuanto al incremento allí establecido».
Así, tras casi cinco meses de juicio, dicho avenimiento fue aprobado, otorgándole el carácter de sentencia firme y ejecutoriada para todos los efectos legales por parte de Diego Rubí, juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.
Tras lograr un acuerdo, Jorge Villar, abogado que representó al ahora ex chofer de la gobernadora, comenta que «nosotros presentamos una acción de tutela laboral, fundado en que la no renovación del contrato de mi representado, y por tanto su desvinculación, ha sido una represalia por haber demandado previamente a su empleador (Gobierno Regional) por lo que finalmente, estando en la etapa procesal del juicio, hemos llegado a un avenimiento en el cual a mi representado se le indemniza el despido y por tanto se pone fin al procedimiento judicial, y con el pago de la indemnización se entiende cerrado el procedimiento».
Cabe recordar que la solicitud de remoción contra la gobernadora fue presentada por la totalidad de los consejeros regionales de la zona, quienes denunciaron que ha incurrido en una serie de irregularidades en su gestión, como lo son el mal uso del vehículo fiscal, ya que se trasladaba a citas médicas, supermercados y malls en el auto de la gobernación, siendo uno de los seis hechos sustanciales y controvertidos que estableció el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
