El informe publicado este lunes, da cuenta de anomalías, como tratos directos injustificados, pagos sin acreditar la prestación de servicios y emisión de permisos fuera de norma.
Las irregularidades en torno a los permisos de circulación, que se han ido destapando en diferentes comunas del país, tuvieron su primer caído en la región de Coquimbo, luego de que este lunes Contraloría publicara el informe que confirmará las sospechas sobre la comuna de Paihuano.
El documento, que responde a la denuncia de un solo concejal de la administración municipal anterior, da cuenta del mal manejo de un monto que asciende a 370 millones de pesos, ya sea en pago de contratos y licitaciones sin aparente justificación, como por la emisión de permisos fuera de regla.
Empresas
sospechosas
Según Julio Rodríguez, exconcejal de Paihuano, quien dio pie a que fiscalía y contraloría investigaran la situación del municipio, habría sido por la empresa mencionada en el caso de Algarrobo que encendería las alarmas.
«Mirando las noticias, me di cuenta que en las irregularidades respecto a los permisos de circulación evidenciadas en la municipalidad de Algarrobo, tenían relación con dos empresas que justamente estaban en Paihuano, con las que la administración ya tenía un convenio».
Según comenta, en un primer convenio no se evidenciaba alguna anormalidad, hasta que en una segunda instancia la situación cambió. «Me llama la atención donde ofrecen un servicio de software para cumplir con todos los permisos de circulación de la comuna de Paihuano, cuando se supone que el Estado ofrece ese servicio a todas las municipalidades sin costo alguno».
Y claro, cuando la automotora I-CAR ya tenía acuerdo con el municipio para tramitar los permisos de circulación de los vehículos nuevos, se presentó la empresa Asesoría e Inversiones Don Gaspar para lograr un nuevo convenio.
Ambas compañías, involucradas en las anomalías respecto a los permisos en la comuna de Algarrobo, se adjudicarían grandes sumas de dinero del municipio de Paihuano.
370 millones en irregularidades
El informe publicado el 6 de enero de 2025, que analiza los movimientos realizados durante el año 2023, dan cuenta de que la empresa «Don Gaspar» obtuvo la contratación directa de parte del municipio para la asistencia técnica, asesoría e implementación de plataformas de emisión y supervisión de permisos de circulación, por 75 millones de pesos, la que además data de la prestación de servicios con anterioridad al decreto emitido por el trato directo.
Adicionalmente, se habría adjudicado una licitación por 195 millones de pesos también por concepto de gestión de los permisos y la implementación de una plataforma para emitirlos, labores de las que no se registra realización alguna durante el año investigado.
Por otro lado, se habrían registrado dos irregularidades más en torno a las labores de la empresa en el municipio.
Primeramente, la misma entidad comunal habría autorizado a varios trabajadores de la empresa «Don Gaspar» la compra y gestión de los sellos verdes que certifican el cumplimiento de los estándares de emisiones que se obtiene junto al permiso de circulación, «práctica que impide cumplir con el deber de custodia del municipio», según explica el informe.
En consecuencia, de los 24.765 sellos que se habrían adquirido, por un monto superior a los 36 millones de pesos, se registraría la falta de 17.879 sellos, equivalente a poco más de 26 millones de pesos.
Como si fuera poco, se reveló que el municipio habría contratado a Denise Sánchez Durán y Christian Parraguez Duarte, dueña y trabajador de la empresa «Don Gaspar», para la función de digitalización de permisos de circulación, entre otras, por un total de $22.988.504. Para lo cual tampoco se remitió documentación que acredite la realización de dichas labores.
Por último, aumentando aún más el monto que presenta irregularidades, contraloría recabó que el municipio emitió permisos de circulación con multas de tránsito vigente por un valor de $51.220.990.
En total, se tratarían de poco más de 370 millones de pesos los que se habrían ejecutado de manera irregular, demostrando una total ausencia de mecanismos de control. A su vez, Contraloría, por medio de su informe, precisa no solo que el municipio esclarezca la información faltante en los diferentes procesos mencionados, sino también la reparación de los montos que así se estimen.
SUMARIOS
Si bien, el municipio dio cuenta de que se habrían instruido sumarios para verificar el cumplimiento del contrato realizado con la empresa «Don Gaspar», específicamente en marzo y julio de 2024, en el informe de contraloría se ordena instruir un nuevo sumario administrativo, no para evitar la reiteración de los hechos, sino que para determinar responsabilidades de las que se observan en el informe en cuestión.
