Este martes, el pleno del Consejo Regional (CORE) acordó convocar a una tricomisión de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, invitando a SACYR Agua, al seremi de Obras Públicas, Cristian Smitmans, a la Dirección General de Concesiones y al inspector fiscal del proyecto de desaladora regional, para que entreguen todos los antecedentes requeridos sobre la suspensión de la evaluación ambiental del proyecto.

Por: Bastián Álvarez Pardo

Recordemos que la solicitud de extensión de plazo, realizada el 31 de agosto por la Dirección General de Concesiones del MOP, implica que la fase de estudio ambiental del proyecto finalice en junio de 2027.

Además, trae aparejadas una serie de complejidades, ya que obliga a actualizar estudios, realizar ajustes de ingeniería, nuevos trabajos en terreno y tramitaciones sectoriales para un proyecto cuya inversión bordea los US $320 millones.

Walker: Demora
es injustificada

A juicio del senador Matías Walker, las demoras en el proyecto son injustificadas y responden a la falta de profesionales calificados y experimentados en plantas desaladoras en la Dirección de Concesiones del MOP, razón por la que se solicitó al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, fortalecer los equipos.

«Independientemente de los errores que pudieron haberse cometido en el gobierno anterior, este proyecto requiere prioridad presidencial. No puede ser que por «estudios espirituales», estemos dilatando una solución que se relaciona con un bien de primera necesidad para la gente de nuestra región», indicó el senador.

Walker plantea que, de contar con fuentes de suministro hídrico permanente, problemas como los largos cortes de agua derivados del sistema frontal de julio se habrían evitado, motivo por el que se solicitará al ministro De Grange priorizar la licitación y acortar los plazos del proceso.

Inquietud en
CORES por retrasos

Pedro Valencia, presidente de la Comisión de Planificación e Infraestructura del CORE, señaló que «me parece positivo que se tome el tiempo necesario para responder adecuadamente las observaciones al proyecto de la desaladora de El Panul. Es una obra estratégica para la seguridad hídrica de nuestra región y, precisamente por su importancia, debemos hacerla bien».

Aquello incluye, según el consejero, evaluar con rigurosidad sus eventuales impactos ambientales y patrimoniales, especialmente en el ecosistema marino y costero: «Necesitamos la desaladora, pero también, que se construya con responsabilidad y con todas las garantías ambientales y patrimoniales necesarias», complementa Valencia.

Francisco Corral, presidente de la Comisión de Agua y Recursos Hídricos, señaló por su parte, que «nos preocupa profundamente que la tramitación ambiental de la desaladora de Coquimbo vuelva a extenderse, esta vez hasta junio de 2027».

Debido a que se ha dicho que se requieren nuevos estudios, campañas de terreno, actualización de líneas de base y ajustes de ingeniería, a juicio de Corral, «es necesario esclarecer si esta demora responde exclusivamente a la complejidad de la evaluación ambiental o también al grado de madurez con que el proyecto fue licitado y a eventuales modificaciones posteriores».