En el marco de la querella presentada contra la autoridad por presunto fraude al Fisco y malversación de fondos públicos, los miembros del cuerpo colegiado declararon ante la PDI, donde solicitaron nuevas acciones que busquen la destitución de Krist Naranjo, cuyo manejo habría generado además un detrimento a las arcas públicas.
En el marco de la querella presentada contra la gobernadora Krist Naranjo, hecho que tuvo lugar hace tres meses, en el marco de un presunto fraude al Fisco y malversación de fondos públicos, es que integrantes del Consejo Regional se presentaron a declarar en el cuartel de la Policía de Investigaciones en La Serena. Esto, con el fin de aportar en el proceso y también solicitar nuevas acciones que busquen, no sólo la arista administrativa y política -que ya es llevada adelante ante el Tricel y ante la Contraloría- sino también desde el punto de vista criminal, por un eventual detrimento a las arcas fiscales.
Cabe destacar que esta querella ya está en tramitación, a la que se han sumado antecedentes, por lo que se espera que en enero puedan declarar los testigos y así avanzar en el proceso.
En ese contexto, los cores solicitarán nuevas acciones que busquen ratificar que la autoridad no estaría en condiciones para llevar adelante sus funciones y así apuntar hacia su destitución.
Quien acompañó a los consejeros regionales presentes fue el abogado Mario Zumelzu, quien entregó argumentaciones tras lo acaecido en oficinas de la PDI.
El jurisconsulto señaló que «nuestro objetivo es presentar y entregar colaboración en esta etapa, con prueba documental, que a nuestro juicio fundamenta y justifica la existencia de actos que revisten el carácter de delito por hechos cometidos por la gobernadora regional. Estos dicen relación con malversación de fondos públicos, representada en el uso de recursos fiscales en beneficio particular y un presunto fraude al Fisco, ya que habría un detrimento de las arcas fiscales, por ejemplo, en cuanto a viajes al extranjero, en los cuales no se ha cumplido con la normativa vigente».
Zumelzu acotó que «también habría fraude al Fisco cuando son aplicados fondos públicos para pagar situaciones relacionadas a abuso laboral, que son responsabilidad directa de la gobernadora regional».
Además, el jurista comentó que «hemos señalado, con un cierto grado de sarcasmo, que la Región de Coquimbo está en manos de una persona que carece de las competencias necesarias para dirigirla, administrarla y gestionarla. Ella dice que se le ataca, pero los consejeros están ejerciendo un derecho. Entienda, gobernadora: usted no sabe hacer lo que la ley le encarga y ya nadie la quiere, ni siquiera el Presidente Boric», enfatizó.
SOLICITUD DE UN PERITAJE PSIQUIÁTRICO
El consejero Cristian Rondanelli aseguró que incluso se solicitará un peritaje psiquiátrico que sirva como sustento, el que puede realizar el Servicio Médico Legal. «Aportamos antecedentes para justificar las denuncias que hemos hecho a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, hemos solicitado un peritaje psiquiátrico de la gobernadora regional por los diversos hechos de acoso que se han vivido funcionarios del Gore. Quiero que ellos sepan que cuentan con todo nuestro respaldo, para que no haya más hostigamiento de forma permanente por parte de una persona que no ha dado el ancho».
La consejera regional Ximena Ampuero subrayó que «vamos a solicitar todo antecedente y todo peritaje para que no sólo se esclarezca una eventual malversación de fondos públicos. Hay muchas denuncias que han surgido en el Gobierno Regional y es por eso que vamos a seguir buscando aportar, representando a la ciudadanía que nos eligió democráticamente. No sólo podemos fiscalizar a la gobernadora, sino también destituirla si es necesario».
MÁS DE $ 100 MILLONES EN INDEMNIZACIONES
El core Javier Vega puntualizó que, a estas alturas, «ya no hay confianza en la manera que la gobernadora está llevando adelante a la Región de Coquimbo. Somos una región que debería estar en los primeros lugares de ejecución presupuestaria y estar a la vanguardia, pero ahora hemos caído a fojas cero. Lo que queremos hacer es consolidar nuestro camino con esta querella por fraude al Fisco y malversación de fondos públicos. Creemos que se han mal utilizado, lo que ha generado un detrimento al gasto público, además por las indemnizaciones, pero tampoco tenemos toda la información en nuestras manos».
Vega añadió que «hace días declararon en esta instancia los representantes de la Anef, porque van más de $ 100 millones pagados en indemnizaciones, por situaciones que apuntan al acoso laboral. También hay un cuello de botella en materia de proyectos estancados por la falta de funcionarios en el ámbito jurídico, en la Dipres y en otros ámbitos del Gobierno Regional. Por lo tanto, hay una afectación que es total».
El consejero regional también recordó que hay otros peritajes ligados a la probidad «y que dicen relación con el uso del vehículo fiscal. La idea es ir robusteciendo esta querella, y pese a las diferencias políticas que podamos tener al interior del Core, hemos logrado entender que la región no está bien al mando de la gobernadora».