«Está en manos de él hacerlo», dijo Molina a diario LA REGION. A eso se suma que la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad, crear una comisión investigadora para indagar la presunta responsabilidad de la ex intendenta Lucía Pinto en la compra de los sitios objetados por la Contraloría.
Fue el viernes 27 de noviembre cuando Darío Molina inició un procedimiento invalidatorio, «como ciudadano», ante la Intendencia y el Gobierno Regional. ¿El objetivo? Invalidar la compra de los terrenos de San Ramón, objetados por la Contraloría, y así obtener que se restituya el dinero mal pagado al FNDR.
Y como «no he visto al intendente ni al CORE reaccionar», dijo en su momento, entonces tomó la iniciativa.
La motivación del ex gobernador del Limarí fue «porque acá existe un acto de ilegalidad, por cuanto es condición necesaria e ineludible la toma de razón para una compra de esta envergadura, y por ende no se podía desarrollar de manera directa sin esa toma de razón y sin la autorización del órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley administrativa», sentenció.
Por ley existe un plazo establecido en la que debe pronunciarse el intendente Pablo Herman, «si es que va a invalidar, que además es apelable ante los tribunales de justicia, ya que si alguien sintiera que esta invalidación lo perjudica, puede hacerlo», avisó.
Precisó Molina «que es un procedimiento inédito en la región, donde solicitamos la invalidación de los actos administrativos que permitieron el pago por estos terrenos, por cuanto existe una ilegalidad en base a la Ley 18.880, artículo 53».
Por unanimidad
El plazo es de 20 días hábiles, pero debido a la urgencia se solicitó que el procedimiento sea acotado a diez, tiempo en que el intendente debiera pronunciarse.
«Sí, ahora está en manos del intendente, pues una vez que lo analice con su equipo jurídico, donde existen vicios de ilegalidad, que en este caso me parece que son evidentes, por cuanto no existe toma de razón, debiera invalidar este pago», agregó.
En el Congreso, y en paralelo a la investigación que lleva la justicia, ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad crear una comisión investigadora para indagar la presunta responsabilidad de la ex intendenta Lucía Pinto en la compra de terrenos objetados por la Contraloría.
Esto, luego que la Contraloría rechazara en cuatro ocasiones los contratos presentados por la intendencia para comprar terrenos a un grupo de inmobiliarias y construir un centro deportivo avaluado en más de 9 mil millones de pesos.
«Por eso me parece correcto que se inicien todos los mecanismos que persigan las responsabilidades y que se aclare esta compra de San Ramón, que ha causado impacto en la pérdida de 5 mil millones en un sobreprecio, perjudicando los intereses de nuestra región y con personas que pudieron haber sido beneficiadas con esos recursos», manifestó el propio Molina.
Pese a los reiterados reproches de la Contraloría, en un quinto intento, y sin acatar las observaciones del órgano contralor, la intendencia se saltó la toma de razón e inscribió a igualmente la propiedad en una notaría de La Serena.
«Entonces hay evidentes irregularidades, faltas administrativas claras, nítidas, y por supuesto que uno intuye, también, situaciones muy graves de corrupción. Así que es tremendamente necesario que esto se investigue a fondo y que la Cámara de Diputados aclare y vea todas las responsabilidades políticas que pueda tener la ex intendenta en esta compra irregular», sostuvo el diputado Daniel Núñez, impulsor de esta iniciativa.
Añadió, además, que se deben investigar «otras jefaturas del Gobierno Regional que avalaron, se involucraron e hicieron una serie de artimañas para llevar adelante esta compra irregular que es por la cifra estratosférica de $ 9.800 millones y que tiene consecuencias negativas para la región».
A pedir testimonios
Una de las competencias que tendrá la comisión, que deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días, será determinar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, entre otras reparticiones públicas.
Matías Walker, por su parte, afirmó que «vamos a constituirnos en terreno, vamos a pedir testimonios de quienes aparecen presuntamente involucrados, así que tomaremos con mucha seriedad la investigación por esta situación, que tanto daño ha generado a la credibilidad de las instituciones, especialmente de la intendencia regional, que por lo demás generó un daño concreto a las arcas fiscales en el presupuesto del Gobierno Regional, además de un entorpecimiento en el avance del proyecto del Hospital de Coquimbo y del Centro Deportivo».
En el oficialismo, el diputado Francisco Eguiguren sostuvo que «como ha sido mi posición, todo lo que permita esclarecer, transparentar y dilucidar las dudas, los cuestionamientos o cualquier interpretación equivocada que exista al respecto, es bueno. No hay que tenerle susto a instituciones que están para fiscalizar, y en esa línea debemos colaborar y contribuir a que todo se esclarezca y transparente, que se investigue con la profundidad que corresponde».
