Fueron convocando a profesionales para que fueran comisionados de Derechos Humanos en las comisarías y hospitales a propósito de la revuelta social de octubre de 2019. Hoy son un equipo multidisciplinario de profesionales que trabaja en 15 causas, en su mayoría relacionadas con el estallido. Y también en otras…
Todo se inició el 20 de octubre de 2019, a propósito de la revuelta social, cuando fueron convocando a muchas personas por redes sociales. Entonces fueron llegando estudiantes, abogados y abogadas para poder ser observadores de Derechos Humanos en las comisarías y hospitales, «pues veíamos que había situaciones de graves vulneraciones», cuenta la abogada Adriana Rojas, de la Corporación 20 de Octubre.
Pasaban los días, las marchas, y ellos fueron pesquisando los casos en terreno, como ocurrió con el de Romario Veloz, quizás el más emblemático de todos, «y dado que había nacido esa relación de confianza con las familias, decidimos seguir con los juicios. Después de un tiempo quisimos formalizar, entendiendo que se había generado una red de profesionales y no solo abogados, sino también de otras líneas, con quienes nos encontramos en las calles y decidimos generar esta institucionalidad».
Junto a Rojas, un equipo multidisciplinario de profesionales que trabaja en 15 causas, en su mayoría relacionadas con el estallido social, «pero también posteriores, aunque de violencia policial, además llevamos una causa en contra de los curas».
Logrado el objetivo
Hay abogados, un médico, que en la revuelta hacía las constataciones de lesiones y el protocolo de Estambul. También hay trabajadoras sociales, quienes ayudan en el proceso de organización, y hay periodistas, incluso uno de ellos hizo el documental de Romario: Las balas de Octubre».
El primer caso que tomaron fue la muerte del joven ecuatoriano frente al terminal de buses de La Serena el 20 de octubre de 2019 -el inicio del juicio oral quedó programado para el 2 de noviembre, durará cerca de 23 días y tendrá más de cien testigos- «y cuando comenzamos a crecer como organización se fueron sumando otros colegas».
Otra causa ocurrió en la comuna de Ovalle, también en octubre de 2019, pero donde ya se dictó veredicto condenatorio contra un capitán de Carabineros en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público.
Desde entonces, reconoce la profesional, los han contactado víctimas sobrevivientes y familiares para que vayan tomando sus causas.
«¿Y sabe? Hemos logrado el objetivo, pues lo primero fue hacer de acompañamiento a las víctimas. De igual manera logramos trabajar en red con profesionales psicólogos, a quienes les íbamos derivando las personas con mayor necesidad, y hemos logrado, al menos con las personas que representamos como corporación, que tengan el acompañamiento para seguir con sus procesos judiciales, lo que a veces no ocurre y es quizás el paso más complejo en todo esto».
A juicio de Rojas, el transcurso del tiempo sin ver resultados hace que las personas se vayan desanimando «y perdiendo la confianza en las institucionalidades, como el Ministerio Público, Servicio Médico Legal y el INDH, que si bien han funcionado de una determinada manera, en algunos casos han demostrado que son tremendamente lentos y burocráticos en los procesos. Entonces la aparición de esta red de profesionales ha servido para mantener la esperanza de que hayan resultados, y aunque no depende de nosotros como equipo, sí podemos colaborar en explicar lo que ocurre en muchos casos…».
Respecto a esto último, agrega que hay un tema que muchas veces no se conversa y dice relación con que una víctima no es solo una persona, sino que un grupo familiar, «y ese grupo es el afectado en su totalidad cuando hay torturas, cuando hay heridas graves y cuando hay pérdidas. Entonces hacemos el acompañamiento y hasta ahora creo que el análisis de parte de nuestra labor es positivo».
Línea de educación
Por ahora ocho profesionales conforman la corporación, y aunque se han ido sumando otros, reconoce Rojas que «como es pro bono muchas veces algunos tienen que dejar el trabajo tan directo, lo que ha generado que algunos profesionales no estén todo el tiempo, pero sí existe una colaboración medianamente permanente de casi todas las personas que integramos esto».
Además, destaca Rojas, que a la par con sus trabajos judiciales tienen una línea en educación de Derechos Humanos. «Antes que terminara el trabajo de la convención hicimos un trabajo en conjunto con la biblioteca regional, explicando las aristas más importantes del proceso constituyente, llegando mucha gente a esos espacios de conversatorios y ahora se está trabajando en algunas escuelas en procesos de convivencia y Derechos Humanos. Nuestra línea en lo concreto dice relación con procesos judiciales, pero igual nos interesa desarrollar un rol preventivo de educación en temas de Derechos Humanos».
